La paradoja ya no puede ser más grande. Si un ladrón entra en una casa y roba joyas o dinero, la ley le perseguirá para imponerle una pena de prisión de entre dos y cinco años. Si esa persona entra en esa misma casa y, tras cambiar la cerradura, decide quedarse en ella el propietario tendrá un problema. Y, además, mayúsculo. Pasadas 48 horas, la vivienda se convertirá en morada de los okupantes y, como el domicilio es inviolable, la okupación no se considera un delito flagrante, por lo que no se puede entrar sin orden judicial. ¿La consecuencia? El dueño se verá obligado a recorrer un costoso camino judicial que puede prolongarse durante más de un año.
La sensación general es que la legislación protege más al okupa que al propietario y los datos indican que el fenómeno de la usurpación sigue creciendo sin freno en Castellón. Las últimas cifras del Ministerio del Interior revelan que en 2021 la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia de 224 casos de ocupación ilegal de viviendas en la provincia, un 67% más que en el 2020, cuando el número ascendió a 134. Y lo llamativo es que este 2022 va camino de marcar un nuevo récord. De enero a abril las denuncias ascendieron a 98, una media de 25 al mes y casi un 50% más que durante los mismos meses del años pasado, cuando fueron 67. En el conjunto de la Comunitat la tendencia es muy similar y durante el primer cuatrimestre se registraron 719 casos un 25% más.
Aunque las estadísticas no detallan cuál es el tipo de okupación más habitual en Castellón, los abogados consultados aseguran que, además de las propiedades vacías de bancos o fondos de inversión, en los últimos años se ha multiplicado el fenómeno conocido como inquiokupación, es decir, arrendatarios que llevan meses e incluso años sin pagar el alquiler. «Es un fenómeno que claramente va a más y en el que el inquilino firma un contrato de alquiler pero no sin ninguna intención de abonar la mensualidad. Paga los primeros meses hasta que llega un momento en que, muchas veces sin dar ninguna explicación, deja de hacerlo», describe Natividad Miralles, abogada con despacho en el centro de Castelló y especializada en juicios de desahucio por impago de rentas, precarios y por finalización de plazos.
El modus operandi del que habla Miralles, y que según la Plataforma nacional de Afectados por la Ocupación ya es el más común de okupación en España, acapara buena parte de los asuntos que llegan hasta los despachos de abogados de Castellón. «El fenómeno está generando situaciones muy injustas y lamentables, puesto que el inquilino se aprovecha de que la Justicia tarda en resolver los asuntos», asegura la letrada.
Desde que un propietario al que el inquilino no le paga se pone en contacto con un letrado e interpone una demanda hasta que el caso se resuelve pueden pasar entre seis meses y un año. «Tras la demanda se pone fecha para el primer lanzamiento y, aunque si en diez días el inquilino no se opone se puede hacer efectivo el desahucio, en la práctica las cosas son mas complejas. El arrendatario sabe que el asunto pasa por Servicios Sociales y también que tiene derecho a un abogado, con lo que esa primera fecha de lanzamiento se ha pasado. Hay que ir a juicio, el proceso se dilata y el propietario acaba por no entender nada y enfadarse, y con razón» explica Miralles, quien apunta que las víctimas de los inquiokupas en Castellón son personas trabajadoras, pensionistas, amas de casas. «No he tenido ni un solo cliente multimillonario o propietario de decenas de viviendas», sentencia.
El malsueño de María
La familia de María (el nombre es ficticio pero el caso es real) es una de esas víctimas. Su pesadilla comenzó en enero de este año, cuando los dos inquilinos de su apartamento en Benicàssim decidieron dejar de pagar. «Jamás habíamos alquilado el apartamento y en noviembre decidimos hacerlo, con la intención de que estuviera libre en verano, que es cuando vamos nosotros y nuestras hijas», narra.
María y su familia decidieron poner el caso en manos de la Justicia y el juicio está previsto para finales del próximo septiembre. «Para colmo las facturas del agua y la luz las pagamos nosotros y si les cortamos la electricidad incurrimos en un delito de coacción», lamenta esta afectada que asegura que la ley protege más a los «sinvergüenzas» que a la propietarios.
