A las limitaciones de tesorería que presentan las distintas administraciones para invertir en obra pública se ha sumado en los últimos meses una dificultad añadida, que adquiere mayor gravedad a medida que transcurre el tiempo sin que se estabilice la economía mundial, fundamentalmente en el campo de la energía y los combustibles.
El hecho es que el fuerte encarecimiento de los costes, la pesadilla de la inflación, muestra un efecto directo en las obras públicas pendientes en Castellón, ya que es cada vez más frecuente que actuaciones presupuestadas no puedan llevarse a cabo porque los concursos de adjudicación quedan desiertos. Es decir, ninguna empresa opta al trabajo porque no puede asumir el incremento de los precios de las materias primas, que no está reflejado en los pliegos.
La misma razón es la que ha llevado a la paralización de obras iniciadas ante la petición de las empresas de una actualización del presupuesto que en muchas ocasiones no se produce. Hay también cada vez más renuncias a la adjudicación con el mismo argumento. La firma encargada rechaza trabajar muy por debajo del precio de coste.
Cómo ya ha informado Mediterráneo, los ejemplos abundan. Uno de los más significativos es la paralización de la ampliación de Urgencias en el Hospital General de Castelló. La adjudicataria, Vialterra, reclaman un aumento en el presupuesto para el que, por ahora, no se ha llegado a ningún acuerdo. El proyecto para ampliar el centro de salud de Moncofa fue adjudicado en octubre de 2021, sin que las obras hayan comenzado.
Otros casos son los del polideportivo La Garrofera de Almassora, en el que ninguna empresa ha mostrado interés por la licitación de la reparación de las goteras de la cubierta; la rehabilitación de la piscina de Torreblanca, también con una convocatoria desierta, o el frontón de Peñíscola, cuya adjudicataria presentó la renuncia, precisamente por el incremento de los costes de materias primas.
La lista es larga y no deja de engrosarse. Algunos de los últimos ejemplos son los proyectos de creación de una estación de autobuses frente a la terminal de Renfe en y la rehabilitación de la alquería ubicada en el jardín Botànic Calduch, ambos en Vila-real y cuya licitación ha quedado desierta. El IES Jaume I de Burriana sufre retrasos por la falta de acuerdo con Acciona en la modificación del importe.
En relación con esta situación, el secretario general de la patronal de la construcción castellonense (APECC), Carlos Gomis, señala que es inasumible por parte de las empresas un incremento de los precios que toda un 30% de media, por lo que es necesario elevar los presupuestos. En este sentido, reclama más celeridad en la tramitación de los cambios, legalmente posibles, porque, indica, está resultando laborioso y difícil realizar las revisiones precisas, sobre todo en el ámbito local.
