A partir del 3 de marzo del 2023 el Consell, a través de la empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (ITV),asumirá la gestión de las estaciones de la Comunitat Valenciana y pondrá en marcha una reducción de las tarifas de un 20%.
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha notificado recientemente a las empresas concesionarias del servicio público de ITV de la autonomía la prolongación del plazo de ejecución del contrato de concesión entre 55 y 62 días, según los casos, con tal de compensar el cierre y los fondos que se dejaron de ingresar durante el estado de alarma por el covid, tal y como reclamaban las empresas encargadas de las revisiones.
La resolución del conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, establece la extensión del contrato de la estación de Vinaròs y también de las de Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena y Xàtiva hasta el 24 de febrero.
Mientras, la concesión de las ITV de Castelló y Vila-real, así como de Alicante, Alzira, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, València-Campanar y València-Vara de Quart expirará el próximo 3 de marzo.
Fechas clave
Dos fechas claves en el calendario pues supondrán el momento en el que se devolverá la prestación del servicio a la Generalitat, que se encargará directamente de su gestión "para mejorar su eficiencia, competitividad, calidad y economizar los precios en beneficio de la ciudadanía". Esto incluye tanto la reducción de las tarifas de un 20%, así como la modernización de las instalaciones que se dedican a esta labor y la ampliación del servicio.
A falta de confirmar las tarifas resultantes, pues también se plantean cambios en las pruebas, la rebaja del 20% supondría aproximadamente que un turismo diésel pase de pagar 67,40 a 53,92 euros, mientras que uno de gasolina lo hará de 52,73 a 42,19. Por su parte, un camión dejará de abonar 65,27 euros, quedando en 52,54.
Uno de los planes de la administración autonómica pasa por suprimir la prueba de ruido, pues la Comunitat es el único territorio que la realiza, con el consiguiente sobrecoste que ello supone para los usuarios.
La notificación de esta extensión de la concesión por parte del ejecutivo autonómico permitió desbloquear las citas previas para pasar la inspección técnica a partir del mes de enero, pues la incertidumbre sobre cuándo el Consell asumiría plenamente la gestión dejó en el aire la agenda.