SENTENCIA
Los responsables de la CEC pierden el recurso judicial y se mantiene la condena de dos años de cárcel
Solo se estima parcialmente una apelación de la representación legal de la entidad
Imagen del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón. / David García
El caso de fraude en los cursos de formación que ofrecía la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), ocurrida en la pasada década, supuso la condena de dos años de cárcel para sus tres dirigentes: José Roca, presidente; Rafael Montero, secretario general; y José Antonio Espejo, director de formación. Tanto estas tres personas como la representación legal de la CEC presentaron un recurso de apelación, que ha ratificado el grueso de la sentencia dictada por la Audiencia de Castellón en el mes de abril.
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos presentados por los tres condenados. Además de la prisión, se mantiene una multa de 3.000 euros cada uno y se les aplica la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo durante esos dos años. También una indemnización a las academias que se personaron como acusación en este caso: 131.520 euros para Multioficios Formación, 31.200 a Espinos y Paradís y 28.320 para Audio Gil.
Aceptación parcial
La única diferencia sustancial respecto a la condena de la primavera tiene que ver con el recurso presentado por parte de la CEC. Se confirma la sentencia, pero "la responsabilidad civil subsidiaria no supone la concesión de privilegio alguno, ni exclusión del proceso concursal al que se encuentra sometida". Esto supone que no hay garantías de que se abone el importe, o el dinero que se aporte sea el íntegro que refleja la sentencia.
Por otro lado, se impone "el pago mancomunado de tres cuartas partes de las costas procesales correspondientes" a los tres dirigentes apelantes.
El origen de la causa está en las irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación por parte de la patronal empresarial. La Generalitat transfirió, a través de la patronal autonómica Cierval, un dinero para la realización de estos cursos, pero las empresas que impartieron esta formación dejaron de cobrar 190.000 euros.
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