Inspección recauda un 26% más en multas por fraude laboral en Castellón

La acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sigue marcada por la estrategia, que se puso en marcha en el 2021 y concluye al cierre de este 2023, para reforzar su labor con el objetivo central de garantizar los derechos de las personas trabajadoras y perseguir la precariedad y el fraude.  

El incremento de la supervisión laboral en la provincia se plasma en las últimas cifras publicadas por este organismo. La cuantía de las sanciones impuestas a compañías castellonenses alcanzó los 3.199.464,47 euros durante el ejercicio del 2022, lo que supone un 26% más que los 2.530.367,76 euros recaudados a lo largo del 2021.

Tendencia al alza

La tendencia al alza se repite con el número de actas de infracción, pasando de 530 a 575 (un 8,5% más). Los incumplimientos con la Seguridad Social son el motivo más recurrente, con 235 actas, junto a los problemas con la seguridad y la salud, con 129.

Y es que, como recogió este diario, pese a la labor inspectora, los accidentes laborales siguen siendo asignatura pendiente en la provincia, pues los datos más actualizados de la Seguridad Social confirman que los siniestros graves siguen yendo a más en 2023, con un incremento del 52% hasta septiembre y un total de 28 casos contabilizados en diferentes municipios castellonenses.

Mientras, en líneas generales, los requerimientos realizados por la Inspección en la provincia crecieron un 31% en el último ejercicio completo, situándose en 2.965. Más ligeramente aumentó el dato general de actuaciones, en un 1%, hasta las 12.459. Su plantilla sumó tres efectivos, hasta 27.

El doble en la Comunitat

La evolución al alza de la cuantía de las sanciones impuestas por la Inspección resulta aún más llamativa en la Comunitat Valenciana, donde prácticamente llega a duplicarse, pasando de 30,3 millones de euros a 59,3.

Por provincias, Alicante recaudó 24 millones de euros por fraude laboral durante el 2022 (un 84% más en un año), mientras que las multas en Valencia conllevaron un desembolso de 32 millones de euros (un 128% más). Las actuaciones también fueron a más en el conjunto de la autonomía, aunque no los requerimientos. 

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