El concejal de Urbanismo y portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Castellón, Javier Moliner, reiteró ayer el compromiso del consistorio de "conservar todas las edificaciones del PAI Gran Vía ubicado en la unidad de ejecución 10 UER, entre la avenida Villarreal y la Gran Vía Tárrega Monteblanco, y a preservar la tipología de la Ciudad Jardín".

Así se pronunció ayer el edil ante las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las que "anula" y declara "contrario a derecho" el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Castellón del 7 de febrero del 2002 por el que se adjudicó a Vistamar la urbanización de este PAI, y que afecta a una zona de la antigua Ciudad Jardín construida en los años 30.

Moliner recordó que en el año 2002 "se presentaron dos programas en el Ayuntamiento --uno elaborado por Vistamar y otro por los propietarios--, para urbanizar 56.972 metros cuadrados de suelo urbanizable y, tras estudiarlo, el consistorio lo adjudica a la empresa Vistamar". "El acuerdo fue recurrido por los propietarios ese mismo año y es cuando varias sentencias dan la razón a estos, en las que apelan que el suelo debe ser urbano", concretó el representante municipal popular.

DIÁLOGO CON VECINOS Pero, además, informó Moliner, "las sentencias provocan que el Ayuntamiento anule la adjudicación e inice las conversaciones con los propietarios". "Es ahí cuando los técnicos municipales informan desfavorablemente sobre el hecho de que esos terrenos sean solares y se inicia la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de acuerdo con los vecinos e, incluso se llega a redactar la modificación del Plan", dijo.

Un acuerdo con los vecinos que se consigue en enero del año 2004 y que, sin embargo, "coincide cuando se aprueba la nueva Ley Urbanística Valenciana, que trata de forma preferente a los lugares consolidados, por lo que la modificación de este PGOU ya no tenía ningún sentido ya que se había hecho en base a la antigua LRAU".

Por último, Moliner tildó de "mezquindad política" la actitud del concejal socialista, Miguel Alcalde, por asegurar que la familia política del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, era propietaria de los terrenos de la unidad afectada. "Esto no es así, ya que esta familia era propietaria de unos terrenos de la unidad 12 UER que fueron vendidos a la empresa GyC", matizó.