La Sección Segunda de la Audiencia Provincial iniciará este lunes el macrojuicio por el, supuestamente, mayor delito ambiental registrado en la provincia, como consecuencia de los vertidos de casi 15.000 toneladas de productos tóxicos y peligrosos en Almassora --junto al cauce del Millars--, Xilxes, Oropesa y Vila-real, entre 1993 y agosto de 1996.

Según sostiene el fiscal, una empresa de refino de aluminio catalana denominada Intal contactó con la firma de transportes Cotravi para trasladar a Castellón los desechos, que acabarían en vertederos incontrolados, pese a "que pueden dar lugar a un producto de lixiviación, pudiendo ser cancerígenos, corrosivos, infecciosos, nocivos, tóxicos y mutagénicos", según informó la Generalitat catalana.

CUATRO MUNICIPIOS Dichos residuos acabaron distribuidos entre la partida La Catalana-El Pla, del término de Oropesa; unos terrenos de la empresa Transportes Morrero de Vila-real; la partida del Boverot de Almassora y una zona del término de Xilxes.

El fiscal solicita un total de ocho años de prisión para el responsable de Intal, Carlos Barrachina, y para los socios de la Cooperativa de Transportes (Cotravi), Tomás Muñoz y José Antonio Pérez, así como para los propietarios de los terrenos de Oropesa, Manuel Beltrán, y el dueño de la parcela de Vila-real y Almassora, José Rubert Miravet.

En su petición de penas, el fiscal sostiene que los primeros acusados, Tomás Muñoz, José Antonio Pérez y Carlos Barrachina, sabían que la Generalitat catalana "había calificado los producidos por Intal como residuos peligrosos el 24 de noviembre de 1992 y que debían depositarse en un vertedero controlado localizado en Hostalets de Pierola (Cataluña)", pero decidieron derivarlos a Castellón. El resto de los acusados, Manuel Beltrán y José Rubert, según el fiscal, "no poseían la licencia para realizar la actividad de explotar un vertedero en sus terrenos, ni en los que gestionaban, y mucho menos los tenían acondicionados para recibir un vertido de las características".

Además del riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas por no estar habilitados los terrenos para este vertido, "había un peligro potencial de contaminación de las aguas subterráneas, debido a la toxicidad de los productos. Las sustancias emanadas por tales residuos se filtraron y resultaron contaminadas las aguas de un pozo de Oropesa, con gran cantidad de sodio y magnesio".

En total hallaron 14.757 toneladas de residuos tóxicos en áreas como la rambla de la Viuda, afluente del Millars próximo a su desembocadura, de alto valor ambiental. Se gastaron 1,4 millones en limpiar los restos.