Las empresas de energías renovables eólica y fotovoltaica que operen en la provincia de Castellón estarán expuestas, como las del resto de España, a la investigación que el Ministerio de Industria ha pedido que lleven a cabo inspectores de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ante presuntos fraudes, tal y como constataron ayer a Mediterráneo desde ambas instituciones.

Ante la finalización el pasado 29 de septiembre de la prórroga para acogerse a la anterior normativa que prevé primas mucho más elevadas por producción de energía, desde el Gobierno central tienen sospechas de compañías que se han acogido cuando apenas han tenido tiempo de poner en marcha su producción o bien casos en los que se podrían haber engordado las cifras.

Fuentes del sector apuntaron que "la planta con más potencia de España tardó en estar a punto seis meses y, aunque no es un plazo excesivo teniendo en cuenta su magnitud, en muchas compañías se ha visto que el tiempo para acondicionar su instalación no cuadra con la producción. Es decir, se han inscrito para acogerse a las ayudas de la vieja normativa muchas más empresas de las que funcionan".

En definitiva, apuntaron como símil una inspección de las declaraciones a Hacienda, en aras de detectar casos de beneficio fraudulento de aportaciones emitidas por las arcas públicas.

Por ahora, los datos acerca de empresas que maneja la CNE tienen carácter "confidencial", así que no se divulgará ningún tipo de detalle al respecto hasta que se elaboren los informes, tal y como indicaron desde el organismo estatal. Además, añadieron que por el mismo motivo, no pueden decir qué compañías son las que se investigarán o los periodos de inspección y, en cualquier caso, aportaron que la orden de Industria es demasiado reciente como para disponer ya de primeras conclusiones. "El proceso llevará unos meses", argumentaron desde la CNE.

CAMBIOS SUSTANCIOSOS Una de las principales hipótesis que se barajan de confirmarse estas prácticas indebidas que pondrán en el punto de mira las instalaciones de Castellón es que, en base al anterior decreto, el beneficio obtenido por producción eléctrica a partir de energía renovable es mayor y tiene una amplia vigencia, de hasta 15 años. En el ámbito de eólica y fotovoltaica puede haber diferencias de hasta 0,10 euros, entre la antigua y nueva normativa.

La provincia de Castellón cuenta en total con una potencia instalada en parques eólicos de 468,5 megavatios procedentes de los complejo de las zonas 1,2,3 y parte de la zona 6.

En energía solar, la potencia acumulada supone 17.135,63 kilovatios y se cuentan ya con 156 instalaciones de este tipo.