Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad instar al Consell a que solicite al Gobierno de España el regreso a los archivos históricos de la Comunitat Valenciana de los documentos referentes al periodo franquista que se trasladaron al Archivo Central del Ministerio de Defensa.

Todos los grupos parlamentarios han respaldado este texto, fruto de una enmienda transaccional presentada por el PP a una proposición no de ley de Compromís, y que pide el regreso de los documentos originales, retirados de los diferentes archivos históricos de valencianos por el Ministerio de Defensa para su microfilmación.

El texto definitivo ha retirado los puntos que hacían alusión al regreso de la documentación valenciana del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca a petición del PP, que ha recordado que en el orden del día de esta comisión hay otro punto en el que se trata específicamente esta cuestión.

La iniciativa también propone que cualquier decisión en materia de identificación documental se efectúe "en un régimen de máxima transparencia" e informando al Gobierno de la Generalitat "en todos los trámites del proceso" y respalda al Consell en las acciones que adopte para la "inmediata" vuelta de estos documentos.

Los grupos parlamentarios también instan al Gobierno valenciano a "ceder el espacio necesario para que la Administración central construya el Archivo Histórico Provincial de Castellón".

El diputado del PP Rafael Ferraro ha criticado que el traslado de estos documentos a Madrid se hizo con "nocturnidad y alevosía" y sin adoptar las medidas que garantizasen su "conservación", además de apuntar que en ningún momento se consultó a las instituciones valencianas, "como garantes" de los fondos históricos.

La parlamentaria del PSPV-PSOE María Soledad Sorribes ha rechazado este argumento y ha asegurado que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, detalló en el Senado cómo se iban a producir estas actuaciones, además de señalar que en el BOE apareció publicada la licitación del concurso para el traslado de los documentos.

Ferraro ha denunciado que existe un "agravio comparativo" con respecto a otras autonomías, como Cataluña o Andalucía, donde el Gobierno firmó un convenio previo que permitió que todo el proceso de recuperación y microfilmado de los documentos se hiciera en el lugar de origen.

Sorribes ha defendido que la digitalización de estos documentos es "una buena noticia, ya que gracias a esto cualquiera podrá conocer detalles de la posguerra" y ha asegurado que el Ministerio de Defensa llevaba seis años intentando llegar a un acuerdo con la Generalitat para que fuera ella quien microfilmara los documentos, sin conseguirlo.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha insistido en la necesidad de que estos documentos regresen a su lugar de origen una vez hayan sido tratados y catalogados, además de defender la necesidad de que Castellón cuente con nuevo Archivo Histórico, ya que en la actualidad no tiene "unas instalaciones dignas".

Por otra parte, Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad condenar el ataque sufrido por la librería de la Universidad de Valencia en noviembre de 2008, así como el resto de ataques padecidos por personas, instituciones y colectivos por parte de grupos radicales.

El texto aprobado en la comisión parlamentaria de Coordinación, y que parte de una proposición no de ley presentada por el grupo Compromís, también insta al Gobierno de España a la "ilegalización de los grupos implicados una vez estén identificados".

La comisión parlamentaria de Gobernación también ha rechazado, con los votos en contra del PP y del PSPV-PSOE, una proposición no de ley de Compromís en la que solicitaba el ingreso de la Generalitat en el Instituto Ramón Llull.