El tribunal arbitral de la Comunitat Valenciana ha resuelto más de 200 asuntos en Castellón, un tribunal creado hace tres años debido al elevado número de conflictos en el sector del arrendamiento, una problemática que se ha disparado con motivo de la coyuntura económica.

Y es que, aproximadamente el 80% de todos los procedimientos que se someten al arbitraje proceden del sector del alquiler, tanto de locales comerciales como de viviendas particulares. Precisamente, se calcula que el 20% de los contratos de alquileres de viviendas ya cuentan con cláusulas de arbitraje, como un modo de intentar garantizar los pagos o cuotas mensuales en unas fechas en las que los juzgados están saturados de procesos motivados por todo tipo de impagos.

El presidente del tribunal de la Comunitat Valenciana --asentado en la capital de la Plana--, el abogado Francisco Tortosa, explicó al diario Mediterráneo que la crisis se está cebando en el área de los arrendamientos urbanos, principalmente en el caso de los locales comerciales, que es donde se producen más conflictos porque se alquilan y se están dejando muchos sin pagar.

Respecto a la resolución de los procesos, un porcentaje de ellos termina de manera amistosa antes de concluir el arbitraje, mientras que la mitad de ellos, aproximadamente, concluye en un laudo de obligado cumplimiento, el cual equivale a una sentencia firme. “La ventaja es que el laudo se dicta muy rápido y el plazo de resolución en Castellón es de 30 a 40 días, a pesar de que la ley de arbitraje da un plazo de unos seis meses”, explica Tortosa.

Asimismo, “un sector que se está imponiendo con fuerza es el de las promotoras, que están recurriendo al arbitraje en la fórmula de alquiler con opción a compra, de modo que en la escritura ya se incluya una cláusula de arbitraje”. De este modo, todos los problemas que surjan de la ley de propiedad horizontal, en las comunidades de vecinos, como impagos de cuotas, molestias por ruidos... se derivan al arbitraje. Medio centenar de comunidades vecinales de Castellón ya se someten al tribunal arbitral de la Comunitat, sito en la ronda Mijares. “Los ciudadanos deben conocer que si, por desconocimiento, se dirigen a tribunales arbitrales de otras comunidades autónomas deberán ir allí obligatoriamente para resolverlo y no es necesario si lo tramitan aquí”, añadió. H