El Ayuntamiento de Castellón no es el único que debe hacer frente a estos pagos. El Estado reclama 56 millones de euros a los consistorios de toda la provincia, y deben empezar a pagarlos a partir del próximo año.
Algunos de los ayuntamientos tienen una deuda que supera con creces el millón de euros. Vila-real adeuda 2,1 millones, mientras que el débito final de Almassora, Burriana o Vinaròs sobrepasa el millón. Y eso contando solo la liquidación del 2009. El Gobierno central ya les reclamó el año pasado el dinero del 2008, que en el conjunto de la provincia asciende a 17 millones de euros. La Diputación tiene un saldo deudor con el Estado que alcanza los 30 millones.
