Las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar en su plantilla con al menos un 2% de discapacitados y un 10% de empleados con dificultades objetivas de acceso al mercado laboral para optar a adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de Castellón. Además, entre un 40 y un 80% de la plantilla deberá disfrutar de un contrato indefinido. Son dos de las cláusulas sociales incluidas en la propuesta de contratación pública que el equipo de gobierno popular ha remitido a los cuatro grupos políticos municipales, empresarios y sindicatos.
El documento al que ayer tuvo acceso Mediterráneo lo aprobará el próximo miércoles en sesión extraordinaria el consorcio del Pacto Local por el Empleo de Castellón con las sugerencias que eleven los agentes políticos y sociales. La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, les remitió el jueves la propuesta.
Tras su aprobación por el consorcio se abrirá un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones y posteriormente será ratificado el texto definitivo para su inmediata entrada en vigor. Si los plazos se cumplen, el equipo de gobierno podrá empezar a aplicar estos nuevos criterios enfocados a auxiliar a quienes más sufren la actual crisis económica en las contrataciones del 2012.
NO CUALIFICADA // El texto circunscribe la aplicación de estas cláusulas sociales a aquellos contratos enfocados a mano de obra no cualificada --limpieza viaria, jardinería, obras públicas, etc--. También da al consistorio la opción de fijar en su presupuesto anual un importe económico mínimo para estos contratos con cláusula social. El colectivo de discapacitados es el más beneficiado en los baremos de las adjudicaciones. Hasta 25 puntos lograrán las empresas que contraten a discapacitados y personas con problemas de acceso al mercado laboral; 20 puntos obtendrán si subcontratan personal a empresas de inserción o centros especiales de empleo sin ánimo de lucro; y un bonus de 20 puntos por contar con mujeres en cargos de responsabilidad.
Las firmas que opten a adjudicaciones municipales lograrán 5 puntos extra por contratar a mujeres víctimas de violencia machista, por contar con planes específicos de igualdad o por ofrecer a sus trabajadores medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. El documento planteado por el PP llega incluso a regular la incorporación de productos procedentes de comercio justo.
Pese a que la propuesta de cláusulas sociales arrastra medio año de trabajo por parte del equipo de gobierno, en realidad tuvo su punto de partida en junio del año pasado. En aquella fecha los grupos municipales del PP, PSPV y Bloc anunciaron que el II Plan de Igualdad de Oportunidades incluiría este tipo de cláusulas sensibles con quienes más sufren la crisis y el aumento del paro a niveles insólitos en Castellón. H
