La desastrosa campaña citrícola que se acaba de cerrar ha sido el detonante para que, después de muchos años de penurias, la agricultura de base comience a movilizarse. En un gesto sin precedentes en los últimos años, miembros de la Unió y Fepac-Asaja de Vila-real dieron ayer una rueda de prensa para iniciar acciones conjuntas de protesta y concienciación sobre la situación del sector. Estas acciones tendrán continuidad en otras localidades castellonenses y ambas organizaciones agrarias tienen previsto, a nivel provincial, establecer también mecanismos reivindicativos.

Esto se suma a la creación del Grupo de Presión Agrícola (GPA), en cuyo seno se han inscrito ya más de 300 agricultores que, desde Almenara a Vinaròs --así como en Valencia e incluso en Tarragona-- reclaman “un diagnóstico claro de los problemas más acuciantes” del sector, para encontrar las soluciones que han llevado a que muchos agricultores no cobren este año la fruta y que quienes lo hagan obtengan mayormente ingresos por debajo de los costes de producción, tal y como ha explicado este periódico.

unión // Precisamente, una de las demandas del GPA es una mayor unión entre las organizaciones agrarias para poder visualizar más claramente la problemática, dada la “pasividad tanto de la Administración como del asociacionismo agrario”, según consta en un acta de recogida de firmas de adhesión. Esto se comenzó a plasmar ayer en Vila-real y tendrá continuidad en otras localidades.

Allí, los responsables de cítricos de la Unió y de Fepac-Asaja en la población de la Plana Baixa, Miquel Vilalta y César Ortells, señalaron diversos campos en los que hay que actuar. El principal es la necesidad de implantar definitivamente el contrato en la compraventa de cítricos. Actualmente, Les Corts están tramitando el anteproyecto de ley de contratos agrarios, que puede estar listo a finales de año pero que no queda claro si obligará a la utilización del vínculo contractual.

Para ello, los responsables de Fepac-Asaja y la Unió piden vincularlo a la concesión de subvenciones europeas que gestiona la Conselleria, tanto para los comercios como para los productores. Tal es la importancia que le dan que Ortells destacó que “no vamos a dejar que se recolecte un kilo si no hay contrato” en la próxima campaña. No en vano, el contrato es el primer paso para la obtención de un precio justo, señalaron, y permitiría trazar la procedencia de la fruta que llega al mercado en mal estado.

El GPA coincide con esta postura, así como en la necesidad de una reconversión varietal “mediante una planificación previa”, como señala su portavoz, José Montagut. Además, todos ven la necesidad de enfrentarse a las grandes cadenas de distribución para vender a un precio digno.

Además, los agricultores también valoran la posibilidad de recolectar solo los tamaños válidos comercialmente. En este sentido, Vilalta destaca que “las cooperativas tienen una presión absurda por parte de sus socios para recolectar toda la fruta”. H