La comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados dio ayer su visto bueno a la bonificación de un 85% del impuesto especial eléctrico para las industrias cerámicas, una rebaja fiscal que forma parte de la ley aprobada en las Cortes Generales y que entrará en vigor el día 1 de noviembre, por lo que la previsión es que en el plazo de 40 días comience a aplicarse la disminución del coste, que implica un ahorro de 4 millones de euros anuales para el sector castellonense.

La diputada del Partido Popular por Castellón en Madrid, Andrea Fabra, explicó ayer que esta exención de la mayor parte de la tasa, establecida en virtud de la enmienda de modificación presentada por el grupo parlamentario del PP y aprobada con los votos en contra del PSOE, que entiende que debería eliminarse por completo la tasa y para todas las actividades, responde a un proceso de “armonización fiscal comunitaria”. Fabra puntualizó que “este Gobierno es consciente de que nuestro sector industrial, crucial en la deseada reactivación económica, debe poder competir en igualdad de condiciones con las industrias de nuestros socios europeos”. Razón por la que, según la parlamentaria, el PP ha propuesto y aprobado la exención del impuesto para procesos de fabricación que hacen un uso intensivo de la energía, como es el caso de la industria azulejera.

competitividad // La diputada popular que ayer defendió la propuesta en la comisión de Hacienda, Ana Madrazo, insistió en que el objetivo es “poner el tratamiento de electricidad en condiciones de igualdad con respecto a otros estados miembros de la Unión Europea y mantener la competitividad de la industria”. Además del azulejo, que se incluye en el capítulo de “procesos mineralógicos”, Madrazo incluyó entre los beneficiarios de la rebaja la reducción química, los procesos electrolíticos y los metalúrgicos.

reforma energética // En otro orden de cosas y sobre la prevista --y temida en Castellón-- reforma energética anunciada por el ministro José Manuel Soria en julio, podría aprobarse en el consejo de ministros de hoy o, en todo caso, en el plazo máximo de dos semanas, si se cumplen las previsiones del Gobierno. Tras el visto bueno, se iniciará el trámite parlamentario, en el que se intentará paliar el efecto de medidas como la retirada de bonificaciones a la cogeneración como en su día ocurrió con la tasa del gas. H