El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad presentó ayer en Valencia la campaña nacional de recogida de firmas para cambiar la ley de dependencia con el objetivo de conseguir un “copago” “justo” y “proporcionado”, que no ponga al dependiente “fuera del sistema”. Hasta la capital del Turia se desplazaron 200 dependientes de la provincia de Castellón para dar su apoyo a esta iniciativa, que pretende recoger hasta julio 500.000 firmas para reclamar en el Congreso de los Diputados el fin del “copago confiscatorio”.

Se ha escogido la Comunitat para presentar esta iniciativa estatal por ser la autonomía “más castigada” en relación con las políticas de discapacidad. Así lo asegura el presidente nacional del Cermi, Luis Cayo, quien destaca que aunque la ley de dependencia entró en vigor hace nueve años con “grandes expectativas”, la crisis “casi la ha devastado y la ha dejado inservible en muchos aspectos”. “Se vendió como una gran conquista social y ha resultado una estafa moral, ya que no se ha terminado de aplicar en los términos previstos y lo que se ha aplicado se ha hecho con la crueldad infinita que supone el copago”, señala el dirigente.

JUSTO // “Podríamos decir no al copago, pero no hemos ido a ese extremos. Hemos dicho sí a una cierta corresponsabilidad de la persona, pero en unos términos equilibrados, aceptados y justos, que no expulse al usuario del sistema, sino que le invite a acercarse a él”, afirma Cayo.

Por su parte, el presidente del Cermi en la Comunitat, Joan Planells, afirma que la Generalitat “nunca se ha tomado en serio la ley de dependencia” y el único diálogo que admite “son los tribunales”. Planells relata la angustia y la preocupación con que viven las familias de los afectados. “La extrema gravedad de la situación se observa en el goteo incesante desde enero de 2013 que se ha dado en la Comunitat de personas que abandonan los servicios de atención que necesitan y quedan así excluidas por el mismo sistema que debería darles seguridad y atención”, indica. H