El presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, acudió ayer “en calidad de representante legal” de la patronal a declarar en el juzgado de instrucción 1 de Nules por supuestas ilegalidades en la gestión de fondos de formación, a instancias de Fiscalía, lo cual negó. Desde la CEC se reiteró que los cursos se realizaron, controlaron y supervisaron por técnicos del Servef y se pasó la fiscalización de una auditoría externa.

Además, recordaron que es un expediente del 2009 de Formación Profesional continua, con acciones formativas del 2009 y 2010. Según la patronal castellonense, además, todo es un malentendido, dado que “es un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas”. Y agregaron que “la CEC resultó perjudicada al tener que pagar los cursos y luego abonar ante el Servef la misma cantidad en el expediente administrativo, con independencia de que se recurriera por la vía contencioso-administrativa”.

Como imputado acudió el secretario general de Cierval, Javier López Mora. La patronal autonómica indicó que “Cierval solo firmó el convenio, pero la justificación y ejecución corresponde a la CEC; y en aquella época el secretario general de Cierval era el de la CEC, Rafael Montero”.

También se citó a un director de formación, que se acogió al derecho de no declarar; y un cuarto, no localizado, que se oficiará para averiguar su domicilio. El TSJCV añadió que no habrá nuevos señalamientos. H