El sindicato STEPV ha pedido a la Conselleria de Educación que retire las instrucciones que ha enviado a los centros para que el profesorado en activo autorice a la Administración el acceso a sus datos personales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, tal como ha hecho la Conselleria de Sanitat, ya que este registro no existe a día de hoy.
La medida también afecta al profesorado interino que se incorpore a partir del 1 de marzo, que están obligados a presentar un certificado en este mismo sentido.
La central sindical considera que esta decisión atenta contra la presunción de inocencia y coloca al profesorado en el punto de mira de la sospecha, al tiempo que supone cuestionar su tarea docente.
STEPV pone como ejemplo la decisión adoptada por la Conselleria de Sanidad, que ha decidido no aplicar esta medida porque este registro central de delincuentes sexuales no existe a día de hoy. Para el sindicato, esta medida justificaría una decisión de Educación en este mismo sentido porque los mismos criterios valen en uno y en otro sentido. STEPV señala que se están “vulnerando los derechos de protección de los datos personales”. H
