La Administración del Estado ha apreciado vicios de inconstitucionalidad en la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana llevada a cabo por la Generalitat en la ley de Presupuestos para 2018. Esta modificación está en vigor desde inicios de este año.

Según el Colegio de Farmacéuticos de València, la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias y la obligación de todas las residencias --públicas y privadas-- a integrarse en un sistema de gestión pública directa «atenta contra la normativa básica estatal y contra contra el sistema constitucional de distribución de competencias». Por ello, han indicado que «el Estado ha registrado ya ante el Tribunal Constitucional el requerimiento enviado a la Generalitat para iniciar negociaciones» y buscar «un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes».

«Creemos que es el momento de que la Conselleria de Sanidad rectifique y cuente con la farmacia comunitaria para poner en marcha un modelo de calidad para el residente», han defendido desde el colectivo de farmacéuticos.