El Consejo de Ministros aprobará mañana el llamado ingreso vital básico que está previsto que llegue a 850.000 hogares españoles. Se trata de una ayuda económica, cuyo importe todavía se está perfilando y que deberá acordarse con la colaboración de las autonomías para evitar duplicidades. Y es que algunas comunidades, como es el caso de la valenciana, ya disponen de una renta mínima para los colectivos más vulnerables cara a que puedan garantizar las necesidades más básicas.
Actualmente, 5.820 castellonenses perciben la renta valenciana de inclusión, 1.000 personas más que a finales del pasado año, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La cuantía media oscila en los 690 euros. Pero esta prestación se está encontrando con un problema, que no es otro que el retraso en las resoluciones, un aspecto que ahora resulta crucial dada la urgencia de la situación. El propio Síndic de Greuges, antes de la pandemia, alertó de que la falta de personal fijo en el departamento de Mónica Oltra para tramitar esta ayuda, puesta en marcha en el 2018 en sustitución de la renta garantizada de ciudadanía, estaba ralentizando los expedientes.
