Ante la coyuntura actual, la CEV cree que es necesario «redoblar los esfuerzos para impedir que se destruya más tejido productivo y empleo». En este sentido, y como un llamamiento a las administraciones, recomienda la puesta en marcha de medidas que van desde una menor carga impositiva a una mayor laxitud en el cumplimiento de las obligaciones que imponen los créditos ICO.
En lo referente a la fiscalidad, la CEV cree que los nuevos presupuestos públicos, tanto los de la Generalitat como los del Gobierno central no deben incluir un «aumento de la presión». «La economía real requiere de una política fiscal que apoye a los agentes económicos y que incentive la productividad y la competitividad», defienden.
Un mensaje que periódicamente se lanza desde la patronal valenciana dirigido al jefe del Consell, Ximo Puig, quien se encuentra en plena elaboración de las cuentas del 2021.
Los empresarios también creen que las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO «han quedado desfasadas», lo que unido al desplome de la actividad y el retraso de la recuperación sigue «mermando la tesorería de empresas y autónomos». Por ello, proponen que sobre estos créditos --dependientes del Gobierno central-- se amplíe el periodo de carencia de 1 a 2 años y el periodo total de los préstamos de 5 a 7 años.
Otra de las medidas que creen necesarias es la prórroga de los ERTE «en todos los sectores», como contempla el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo aprobado el martes. «Las cadenas de valor no sólo son globales, sino que su alcance se despliega más allá de empresas y sectores concretos», defienden desde la CEV.
También se mira al ámbito europea, en concreto al Plan Next Generation EU, que otorga fondos para la recuperación económica frente al coronavirus. «Debe programarse y ejecutarse con criterio y agilidad», afirman los empresarios, por lo que «imprescindible modificar la Ley de Contratos del Estado» para adecuar sus plazos a los requisitos de este plan.
