Las residencias de personas mayores fueron un foco de contagio letal durante el pico de la pandemia en la provincia de Castellón, donde más de los 227 fallecidos registrados hasta el verano fueron residentes. Pero, afortunadamente, esta situación está cambiando en esta segunda ola, teniendo en cuenta que hay menos centros con casos y lo que es más importante la letalidad se ha reducido de manera considerable, teniendo en cuenta que de los cerca de 60 fallecidos en la provincia desde finales de agosto, solo entre seis y ocho serían residentes, es decir, aproximadamente un 10% del total. En total, desde marzo han muerto cerca de 125 residentes.
Tanto desde los sindicatos como desde la patronal consideran que la situación «esté bajo control» debido a las restricciones puestas en marcha en cuanto a las visitas y accesos, así como a un mejor conocimiento del comportamiento del virus, que urge su detección precoz y el correcto aislamiento. De todos modos, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro, insiste en dar un paso más y realizar pruebas de forma periódica para diagnosticar posibles casos asintomáticos. De momento, el Consell lo rechaza, aunque la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, se mostró ayer partidaria de efectuar cada cierto tiempo tests de antígenos.
Ahora, hay casos positivos en cuatro geriátricos, entre los que se encontrarían la residencia municipal de Benicarló o la de Virgen de Gracia y DomusVi en Vila-real, donde han fallecido varios usuarios en las últimas semanas, y en cinco centros de diversidad funcional, como Afanías, Aspropace y la residencia El Collet de Benicarló. Desde Aerte aseguran que la situación de las residencias en Castellón es «mejor» que en Valencia y Alicante. En la Comunitat, hay contagios en 96 centros.
Oltra informó ayer de que el Consell aprobará de manera inminente un decreto de concesión directa de subvenciones a residencias para hacer frente a las necesidades extraordinarias derivadas de la pandemia, al que se destinará 10,9 millones. Asimismo, remarcó que se sancionará a aquellos centros sin plan de contingencia frente al covid.
Residencia Sant Llorenç de Vila-real
La Conselleria de Igualdad sancionó a la residencia Sant Llorenç de Villa-real al cierre durante un año por supuestas negligencias, lo que generó un gran revuelo entre los familiares. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat acordó en septiembre la suspensión cautelar de la resolución. Hasta ahora poco había trascendido sobre las presuntas anomalías detectadas, pero ayer la consellera Mónica Oltra en su comparecencia en Les Corts dio nuevos datos al respecto durante una réplica al PP que le recriminó sus políticas. Así apuntó que hay informes de inspección que «ponen los pelos de punta» sobre «ancianos tirados horas en el suelo y orinados».
Testimonio
Las residencias se han blindado para evitar que el virus entre dentro y pueda expandirse con rapidez, pero las medidas de seguridad también tienen su vertiente negativa, según alertan los familiares No es otra que la soledad del aislamiento, el no poder disfrutar de los suyos en la recta final de la vida. «Necesitan el calor humano de los familiares, poder vernos y nosotros a ellos. Salir al jardín, hacer una vida normal. Están encerrados y la administración no toma medidas para que en sus últimos años, meses, semanas o días tengan calidad de vida», señala el hijo de una residente de Vila-real. En este centro concreto no realizan actividades desde hace meses. «Mi madre lee y hace sopa de letras, pero no es la solución», asegura este familiar.
