El Ayuntamiento de Castelló ordenó este lunes la retirada de la Cruz del parque Ribalta con la firma de la resolución pertinente por parte de la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, con tal de avanzar en el proceso.

El decreto de la responsable municipal establece la supresión del monumento a los caídos, según se refiere a él la edila, en base, principalmente, al informe emitido desde la Dirección General de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, pero también a la ley estatal y autonómica en cuestión de memoria histórica.

Ruiz explicó que la orden emitida se basa en «la legalidad, y teniendo en base al informe de la autoridad competente, que es la Dirección General, el cual determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista».

Así pues, Ruiz detalló que los próximos pasos consisten en dar traslado de esta resolución al área de Obras y Proyectos Urbanos para que ejecute el proyecto de retirada del monumento y la ampliación del parque Ribalta.

No obstante, sobre el devenir de la cruz latina, el departamento de Patrimonio también tiene la encomienda de poner en marcha el procedimiento de cesión a la Diócesis de Segorbe-Castelló, tal y como surgió de la reunión mantenida entre ambos agentes. Si bien, fuentes de la institución eclesiástica confirmaron ayer que todavía no se había producido ninguna comunicación oficial.  

Las alegaciones

Por otro lado, el Ayuntamiento también procederá a partir de este momento a notificar esta misma resolución de retirada a las diferentes personas que han comparecido en el expediente, como las que presentaron las 170 alegaciones, «informándoles individualmente de la contestación», tal y como concretaron fuentes del ejecutivo municipal, las cuales matizaron que cuentan ya con la autorización expresa de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Consell para poder actuar en el Ribalta, al ser un Bien de Interés Cultural.

Las críticas

Grupos de la oposición como Ciudadanos tildaron la firma del dictamen por parte de Ruiz (Compromís) como una «venganza contra sus socios del PSPV por las discrepancias surgidas entre su departamento y el de Urbanismo con tapar el mural de Ripollés en la plaza de la Paz», declaró el edil de la formación, Alejandro Marín-Buck, quien lamentó la decisión sobre el monumento.