La Asociación de Abogados Cristianos sigue intentando evitar el derribo de la Cruz del Ribalta. Hoy ha comunicado la presentación de un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Castelló, en el que argumentan que el monumento "está desprovisto de cualquier tipo de simbología política", tachan de "ilegal" su eliminación y consideran que "obedece únicamente a la obsesión de algunos partidos políticos radicales de eliminar cualquier vestigio del cristianismo".
La asociación recuerda en primer lugar que "hay un procedimiento judicial abierto" sobre la retirada de la Cruz, y pide que el posible derribo quede "en suspenso" hasta que se resuelva. Asimismo, apunta que no ha recibido todavía respuesta a las alegaciones presentadas al consistorio. En cuanto a la ilegalidad de la retirada, defienden primero razones de "índole artístico-religiosa", y recuerdan la resignificación del monumento por parte del propio ayuntamiento "en los años 80 con el voto favorable del Partido Comunista". Añaden que "en ese momento se le añadió una inscripción absolutamente neutral: 'Las víctimas de la violencia' (que ya no está)". Esa resignificación la califican como "un ejemplo de perdón y reconciliación entre todos los españoles".
Abogados Cristianos también adjunta diferente jurisprudencia de casos similares en Cuenca, Orihuela o Vigo, donde se concluyó que los monumentos, "una vez desaparecida la simbología fascista", ya no tienen "un significado de exaltación de la guerra civil y la dictadura", entre otros motivos.
La resolución
Cabe recordar que a finales del mes de julio el Ayuntamiento de Castelló ordenó la retirada de la Cruz con la firma de la resolución pertinente por parte de la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, con tal de avanzar en el proceso. El decreto establece la supresión del monumento en base, principalmente, al informe emitido desde la Dirección General de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, pero también a la ley estatal y autonómica en cuestión de memoria histórica.
En ese momento, Ruiz explicó que la orden emitida se basa en «la legalidad, y teniendo en base al informe de la autoridad competente, que es la Dirección General, el cual determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista». La edila detalló que los próximos pasos consisten en dar traslado de esta resolución al área de Obras y Proyectos Urbanos para que ejecute el proyecto de retirada del monumento y la ampliación del parque Ribalta. Además, el departamento de Patrimonio también tiene la encomienda de poner en marcha el procedimiento de cesión a la Diócesis de Segorbe-Castelló. Con todos los trámites, la retirada se produciría como pronto a finales de año, según las estimaciones.
