En el Día Sin Coches que se ha celebrado este miércoles en Castelló dentro de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento abre la puerta a poner radares de control de la velocidad en la ciudad con el fin de velar por la seguridad vial, tal y como refleja la ordenanza de movilidad sostenible, en exposición pública hasta el 4 de octubre.
El texto de la norma hace referencia a estos medios técnicos de vigilancia que el «Ayuntamiento de Castelló podrá utilizar para la vigilancia automatizada de la circulación y el estacionamiento y las denuncias de las infracciones que se cometan» al respecto.
Otro de los sistemas de control que, junto a los radares, recoge la normativa que se aprobará a finales de este año es el foto-rojo. Se trata de un medio de captación gráfica o videográfica destinado a asegurar el respeto de las prioridades de paso en los semáforos para evitar atropellos y colisiones entre vehículos. Por otra parte, las espiras y detectores son otros sistemas para controlar los aforos, la velocidad y la validez de la autorización y la duración del estacionamiento a los que el Ayuntamiento también abre la puerta en la nueva ordenanza de movilidad.
A estos sistemas se les suma el de las cámaras de vigilancia al casco urbano que ya están en funcionamiento aunque, por el momento, no multan.
Sanciones en la norma
Por otra parte, el documento oficial de la concejalía de Movilidad recoge también las sanciones que el consistorio impondrá a los ciudadanos que respeten la ordenanza. Estas multas oscilan entre los 750 y los 3.000 euros dependiendo si la infracción es leve, grave o muy grave. No obstante, existen incumplimientos leves que se sancionarán con cantidades que oscilan entre 100 y 201 euros como, por ejemplo, no acatar las condiciones generales de circulación y estacionamiento para bicicletas que pueden circular por cerca de los cien kilómetros de carriles bici a disposición de los vecinos que tiene Castelló en la actualidad.
Reclaman mejoras en los Cercanías
Por otra parte, la polémica suscitada por el deficiente servicio de los trenes de Cercanías en Castellón ha motivado las críticas tanto de Compromís como del PP local y autonómico. A este respecto, los nacionalistas, con motivo del Día Sin Coches, han querido visibilizar «el negligente servicio gestionado por Renfe» con el reparto de más de 2.000 folletos informativos delante de las diferentes estaciones de tren. «Estamos hablando del medio de transporte público más utilizado por la ciudadanía y el más abandonado por el Gobierno central», afirmó el síndic de Compromís en les Corts, Fran Ferri.
En términos generales se pronunciaron tanto la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, como el portavoz de Infraestructuras del grupo popular en les Corts, Miguel Barrachina.
La máxima representante del PP en la provincia reclamó al Gobierno de España «los 263 millones para Cercanías que no ha invertido en Castellón». «Es necesaria la inversión para atender las necesidades de transporte de los vecinos», afirmó Marta Barrachina. Por su parte, el representante autonómico del PP señaló que «la situación de estos trenes cada día es más insostenible mientras Puig calla» y arremetió contra los socios nacionalistas del president a los que calificó de «cooperador necesario en la situación catastrófica de los Cercanías».
Por su parte, fuentes de Renfe reconocieron que han existido una serie de circunstancias, coincidentes en el tiempo, que han provocado desajustes en la disponibilidad de personal de conducción. La acumulación de bajas de maquinistas ha incrementado el absentismo y ha hecho que se produzca una falta puntual de recursos que ha llevado aparejado la cancelación de varios servicios, dijeron.
El PP pide a Marco que exija ayudas al TRAM
La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha instado este miércoles a la alcaldesa de la Plana, Amparo Marco, a solicitar las ayudas europeas del Ministerio de Transportes «para culminar las Línea 1 del TRAM y avanzar en la Línea 2». Carrasco hizo esta propuesta al consistorio a través de una iniciativa plenaria que presentará en la próxima sesión donde explicó que se trata de un programa de subvenciones a municipios que tengan como objetivo mejorar la calidad del aire y fomentar el uso del transporte urbano sostenible. El Gobierno central contempla un presupuesto de 1.000 millones para repartir entre consistorios.
