Castelló está poniendo orden en los 221 pisos del parque municipal de viviendas sociales. Después de décadas de desatención de anteriores ayuntamientos, la Concejalía de Vivienda está inmersa, desde el pasado mes de julio, en un complejo proceso de regularización que debe culminar en un cambio en el modelo de gestión. Para ello ha destinado más medios y esfuerzos que ofrecen unas primeras conclusiones.
Han detectado ocho viviendas okupadas en el último año, sobre las que han abierto expediente administrativo con el objetivo de recuperarlas. Son ocho inmuebles «hasta el momento», porque prevén que, una vez finalizado el análisis, la cifra aumente.
Además, existen unas cuarenta viviendas con patologías graves, que serán rehabilitadas. Han detectado también ya treinta viviendas con enganches ilegales al suministro eléctrico y alrededor de cuarenta en situación irregular por diversas causas.
Vivienda por vivienda, el Ayuntamiento está realizando un exhaustivo censo del parque municipal. La mayoría de los pisos se reparten entre la zona de Obispo Salinas y de La Guinea. El reto es garantizar el correcto funcionamiento de las viviendas sociales. Para ello, la concejalía que dirige María Jesús Garrido trabaja de manera coordinada con las áreas de Urbanismo, Seguridad, Patrimonio y Bienestar Social, y ha destinado a tres trabajadores sociales, un arquitecto técnico y una administrativa. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo censo estará finalizado antes del 31 de diciembre.
Los primeros meses de labores ya han dado los primeros réditos. Se han recuperado seis viviendas (desde julio a octubre), se han rehabilitado otras seis y se ha abierto una docena de expedientes.
El informe
El informe que maneja actualmente la concejalía sentencia que «el modelo de gestión de las viviendas municipales está absolutamente obsoleto y es contrario a la función que se presupone de inserción». Destaca que, «a partir de los años 90», las viviendas se cedieron «de forma gratuita» a familias que deberían haber permanecido de forma temporal. «El funcionamiento ha estado descuidado», añade, y «ha provocado cierto abandono», si bien destaca que «la amplia mayoría cumple las normas de convivencia».
