La concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz, entregará hoy su propuesta sobre las calles franquistas del callejero de la ciudad a sus socios del Acord de Fadrell en una reunión que tendrá lugar por la mañana después de la junta de gobierno local, tal y como ha podido confirmar este periódico. El documento, para cuya redacción se han tomado como base los dos informes elaborados por el Grup de la Recerca y por el cronista de la ciudad, Antonio Gascó, recogerá, al menos, los nombres de los tres personajes (Carlos Fabra Andrés, Joaquín de los Santos Vivanco y Fernando Herrero Tejedor) que ambos dictámenes relacionan de forma más directa con la época franquista y con un elevado perfil político que el resto de los seis nombres que también se encuentran en liza (Vicente Altava Alegre, José Clará Piñol, Luis Revest Corzo, Ángel Sánchez Gozalbo, Manuel Segarra Ribés y Vicente Traver Tomás).
Tras la entrega de este documento por parte de Ruiz a sus socios de gobierno (PSOE y Podemos), cada uno de estos grupos políticos deberá estudiar la propuesta y decidir «por consenso, rigor histórico y en cumplimiento de la ley» las alegaciones que remitirán a la Conselleria de Calidad Democrática para que incluyera los nombres que el Acord de Fadrell considere necesarios en el Catálogo de Vestigios Franquistas y de la Guerra Civil. Unos alegatos que la junta de gobierno local aprobará este mes para transmitirlo a la Generalitat.
Por su parte, fuentes socialistas explicaron a este diario que «escucharán y analizarán la propuesta de la concejala Ruiz para luego preparar las alegaciones que se crean oportunas desde el consenso de los socios del Acord» y que aceptaría la Conselleria.
Fuentes de Podemos destacaron que el catálogo es «un documento valiente y fundamental para alcanzar ese objetivo de la reparación y el compromiso con la memoria». También afirmaron que «en el contenido de este texto hay personas que tuvieron una participación asimétrica con la dictadura y no es lo mismo un comandante del ejército que un médico del régimen». «La ley de Memoria Histórica persigue retirar los vestigios que supongan una ofensa a las víctimas y ese criterio es el que debe prevalecer», finalizaron.
