Si no hay modificaciones de última hora en la agenda del equipo de gobierno, el Acord de Fadrell comenzará esta misma semana la negociación de las ordenanzas fiscales del 2023, que determinarán los tributos municipales a pagar en Castelló. El propósito del consistorio es congelar los impuestos para combatir la inflación, tratando así de evitar un frenazo en la recuperación económica postcovid. Para ello, el emprendimiento será bonificado.
La política fiscal de los últimos ejercicios se ha visto condicionada por elementos en principio externos a la ciudad. Primero fue la pandemia del covid, que irrumpió hace dos años, y ahora que empieza a controlarse ha asomado la invasión de Ucrania que, pese a no tener un impacto directo en los tributos municipales, sí puede alterar la recuperación económica prevista, entre otras cuestiones, al haber agravado la inflación.
El principal riesgo colateral es que pueda frenarse la recuperación económica de Castelló. Para ello, uno de los asuntos que estará encima de la mesa de negociación entre los partidos que forman el Acord de Fadrell --PSPV, Compromís y Podem--, será la bonificación al emprendimiento para generar actividad económica y empleo. Esta se producirá a través de diferentes medidas. Una será la prórroga de la suspensión de tasas en licencias de apertura, una medida ya en vigor en el presente 2022 y que se pretende prorrogar por las exigencias de la coyuntura.
Otro aspecto que se busca implantar, y que se recoge en el propio Acord de Fadrell, es incentivar la actividad económica en los locales comerciales que estén actualmente vacíos en la ciudad, con bonificaciones a los propietarios a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para así fomentar el emprendimiento en Castelló.
Competencias
Los impuestos municipales afectan principalmente a los bienes inmuebles, los vehículos, las actividades económicas y las construcciones, instalaciones y obras, entre otros. Por ello, la efectividad de las medidas fiscales del tripartito está limitada por las competencias de cada una de las administraciones, por lo que los objetivos de que los tributos compensen de algún modo la inflación en la ciudad dependerán en buena medida del Estado, que debería complementar estas actuaciones del Ayuntamiento.
En ese sentido, cabe apuntar que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró ayer mismo que el Ejecutivo estudia un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Algunas de ellas, avanzó, pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos productos que «claramente» estén impactados por el incremento de la inflación, sin entrar en detalle sobre qué tipo de impuesto se pretende revisar, al menos por el momento.
Además, los socios del PSPV llegarán a la mesa de negociación con sus propios objetivos. Compromís concretó semanas atrás, en su sectorial de economía, las pautas a seguir en la mesa de negociación, con propuestas como prorrogar la exención de la tasa de vía pública para hostelería y profundizar en fiscalidad verde, ampliando por ejemplo la bonificación a los productores de terrenos activos. Esta última medida coincide con Podem, que también defenderá ayudas para la instalación de energías renovables --que mitiguen el coste de la luz--, y aumentar el gravamen a cajeros automáticos para fomentar la atención personal en la banca.
