El pleno del Ayuntamiento de Burriana aprobó ayer declarar caducado el procedimiento iniciado a finales de enero para la rescisión de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada del sector SUR-T-1 a la mercantil Golf Sant Gregori SA. En el mismo epígrafe del único punto del orden del día se votaba iniciar otro procedimiento, es decir, volver a comenzar la tramitación de la resolución.
El motivo de esta decisión es que, según el informe del Consell Jurídic Consultiu, el proceso estaba caducado y, por lo tanto, ya sin ningún tipo de valor administrativo. Los técnicos municipales, por contra, emitieron un documento por el que el trámite no expiraba hasta este martes. De cualquier modo, el edil de Urbanismo, Bruno Arnandis, defendió que “por prudencia jurídica y para evitar un contencioso de la urbanizadora que, en caso de ganar tendría consecuencias para el Ayuntamiento y el aval bancario, optamos por iniciar otro proceso”. Arnandis añadió: “Si mientras se vuelve a tramitar la empresa consigue algún inversor, será bienvenido porque creemos que la mejor forma de sacar adelante Sant Gregori es siguiendo con ese urbanizador, ya que la rescisión puede tener consecuencias muy negras para el PAI”.
Y es que, explicó, habría que volver al punto de inicio teniendo en cuenta la nueva ley de Costas que “obliga a apartarse a 500 metros del mar”. Por todo ello, concluyó el concejal, “rescindir es enterrar el proyecto”.
El equipo de gobierno se quedó solo. Cibur se abstuvo y el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra. El portavoz popular, Juan Fuster, criticó al ejecutivo por “alinearse al lado de la empresa” y recalcó que el informe de técnico municipal recoge “el criterio de negligencia” para el caso de que se declare caducado el proceso antes de tiempo para abrir otro”. Y es que, resaltó que “si ahora la empresa entra en fase de liquidación, el Ayuntamiento perderá la posición preferente cara a cobrar los avales y son nueve millones de euros de garantías que hoy --ayer para el lector-- podríamos comenzar a ejecutar”.
La portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, puso énfasis en las palabras del edil de Urbanismo que dijo que el de ayer era “un día triste”, pero añadió “que lo que tienen que hacer los miembros del equipo de gobierno es quitarse la careta e ir rezando porque las demandas que les van a caer pueden inhabilitarles antes de que acabe la legislatura”.
Por último, la edila de Ciudadanos, María Jesús Sanchís, indicó que “todo esto es una prórroga encubierta con un riesgo para el Ayuntamiento de que la empresa entre en fase de liquidación”. H
