La denuncia de la asociación de vecinos de Carmaday de la Vall d’Uixó ha servido para que la Conselleria de Vivienda detecte la presunta venta irregular de unos pisos para los que, de acuerdo con la ley autonómica, la Generalitat se había reservado el derecho de compra pública, pues la entidad bancaria propietaria había ofrecido su gestión a un fondo buitre.
En la operación se han visto implicadas al menos dos personas, a quienes les habían asegurado, a punto de escriturar, que el Consell «quería expropiarnos el piso», como aseguró ayer una afectada.
Para estos vecinos, la situación ha sido lo más parecida a una pesadilla. Después de semanas de negociaciones, como precisó uno de ellos, y tras recibir la última semana hasta cuatro aplazamientos distintos para firmar la compraventa, les desvelaron que no podía concretarse la operación porque la Generalitat lo impedía.
Contra el Consell
La indignación, en primera instancia, se trasladó hacia el gobierno autonómico, pero en cuanto su situación trascendió, comenzaron a conocerse las irregularidades del proceso del que han sido víctimas.
En junio del 2020, el Consell aprobó un decreto ley por el que la Generalitat se atribuye el derecho de tanteo y retracto en la compra de viviendas de protección oficial, de daciones en pago o de ejecuciones hipotecarias. En resumen, el ejecutivo autonómico tiene preferencia en la adquisición con las mismas condiciones ofertadas a empresas o fondos buitre, pues el objetivo es evitar la especulación con la vivienda vacía.
Como confirmó la directora general del área, Elena Azcárraga, su departamento inició tiempo atrás una de esas operaciones con más de un centenar de pisos en Castellón, entre los que había once de un edificio de Carmaday.
«No nos constaba que ninguna estuviera apalabrada con particulares», afirma, pues el Consell había intervenido al tener conocimiento de la venta global de los inmuebles.
La sospecha es que la entidad bancaria mantenía varios frentes abiertos para asegurarse el negocio con los mismos pisos, el del fondo buitre y el de los particulares, esta última opción a pesar de saber que la Generalitat estaba en proceso de adquisición y, por lo tanto, se entiende que no puede haber venta si no hay resolución.
La sorpresa llegó el viernes cuando la Conselleria se enteró, tras la denuncia vecinal, de la situación en la que se encontraban los dos afectados mencionados que incluso con los muebles comprados, se veían sin el dinero que había adelantado --en un caso-- y sin el piso que habían escogido.
