La polémica sobre el bloqueo por parte del Consell a la venta de varios pisos de un edificio del Carmaday, en la Vall d’Uixó, para ejercer su derecho de compra preferente, aunque está en vías de solución, ha evidenciado un problema que afecta a la aplicación del decreto ley de junio del 2020 para la ampliación de vivienda pública.

Como ha podido comprobar Mediterráneo, la Generalitat autorizó el pasado 8 de marzo la venta a una pareja de la misma vivienda que semanas después ha bloqueado —justo cuando los afectados iban a escriturar— para ejercer así la opción de tanteo y retracto, pues la construcción procedía de una ejecución hipotecaria.

Tras conocer los argumentos de la Conselleria, que defendió su desconocimiento sobre la existencia de residencias apalabradas con particulares en el edificio en cuestión, los implicados aportaron a este periódico el documento oficial (adjunto abajo) que desmentiría esa afirmación, porque en él, el gobierno autonómico renuncia de manera expresa a ejercer el derecho de adquisición preferente y, por lo tanto, autoriza su compra/venta.

Vivienda dejó vender en marzo el piso de la Vall que ahora bloquea

Vivienda dejó vender en marzo el piso de la Vall que ahora bloquea Mediterráneo

Lo que sucede estos días en la Vall d’Uixó demostraría que la intervención de la Generalitat en la comercialización de determinadas viviendas reviste cierta complejidad por la cantidad de partes implicadas. La normativa precisa que solo se ejercerá el derecho de compra pública preferente cuando la venta vaya a realizarse «a empresas y fondos de inversión», pero los afectados de Carmaday negociaban a título individual con un agente inmobiliario.

No es un caso aislado

El incidente podría no ser un hecho aislado, según advierte un profesional del sector. La ley obliga a notificar a la Conselleria la intención de vender construcciones que proceden de daciones en pago o ejecuciones hipotecarias. Si el beneficiario es un particular, en principio, autorizan, aunque el mismo agente aseguró que no siempre es así. «Han llegado a perderse ventas en Castellón por esa cuestión», afirma.

Por lo que respecta al caso de la Vall, el API que hizo las gestiones asegura que en los últimos meses ya se han adquirido tres pisos en ese inmueble de Carmaday, con el pertinente permiso de la dirección territorial, por lo que «la Generalitat sabía perfectamente que se estaban vendiendo a particulares».

Con los datos que han trascendido, resulta difícil de entender que se haya producido esta situación cuando es la misma administración la que está autorizando las transacciones ya que, como se ha demostrado, aunque alegue desconocimiento, fue Conselleria quien dio luz verde en marzo a la compra que ahora bloquea.

La sospecha en estudio es que el banco —actual propietario— solicitara dos autorizaciones distintas para los mismos pisos, por un lado la de los tres particulares, y por otro para ofrecerlos a un fondo de inversión. Vivienda negó la segunda opción sin saber, según afirman, que paralizaban la primera. La pregunta por responder, así las cosas, es cómo podían desconocer una autorización que da el mismo departamento.