El alcalde de Nules, David García, anunció ayer en una entrevista a La Panderola, de Medi TV, que el municipio ha liderado la reciente creación de una asociación nacional de localidades afectadas por la ley de Costas, que tienen previsto presentar los próximos días.

Entre los integrantes están la asociación Platges de Nules, la Asociación por la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, Plataforma Platges Naturals de Cullera, Salvem la Renegà, Salvem les platges al sud de Gandia, AAVV Guardarmar Playa Babilonia, asociación de vecinos Torre la Sal, Plataforma Afectados Guardamar, Les Deveses en Dénia, El Pinet-La Marina o la Playa de Mazagón en Huelva, entre otros.

García ratificó en el programa lo que ya anunció hace varias semanas: este será un verano de movilizaciones para visibilizar la histórica reivindicación del municipio por la protección de su litoral. En pocos días, «en casi todas las viviendas tanto de primera fila como en el resto de la playa, colgarán en las terrazas el cartel con el lema Espigones ya», aseguró, principal demanda para frenar la regresión que ya ha hecho desaparecer decenas de metros de litoral.

"Hasta donde haga falta"

El alcalde confirmó que la contundencia que están demostrando en sus demandas a las administraciones competentes no va a flaquear. «Mientras tenga la responsabilidad de gobernar en Nules, iré hasta las máximas instancias para pedir lo que es de justicia», señaló.

David García remarcó también en la entrevista realizada por Loles García que «es una cuestión de dignidad», la que consideran que Costas les está arrebatando por no reconocer que los únicos responsables de la situación en la que se encuentra este punto del litoral es de quienes autorizaron la construcción y sucesivas ampliaciones del puerto de Burriana, sin acometer inversiones paliativas de sus efectos aguas al sur, recordó.

El primer edil de Nules fue categórico al afirmar que no tienen «ningún problema con el puerto» («ojalá fuera el más importante de la provincia», dijo), lo que critica es que «su construcción no llevara aparejadas unas inversiones de protección», razón por la cual, como rememoró, el Ayuntamiento ha solicitado ahora por la vía judicial responsabilidades patrimoniales a la Generalitat por un valor de 29 millones de euros.