Una amenaza de desahucio en una finca de Almassora, en la que construyeron 20 pisos, ha destapado una compleja y múltiple estafa inmobiliaria. Algunas de las viviendas tienen alquileres en vigor, otras su legítimo propietario, mientras que en algunas los residentes estarían en una situación ilegal, al no poseer la documentación --escrituras de propiedad o contratos de arrendamiento-- que confirmen que residen allí.
El edificio en cuestión está en el cruce de las calles Juan Sebastián Elcano y Virgen de Gracia. Una localización que hace dos semanas visitaron agentes de la Guardia Civil y personal judicial. Lo hicieron porque, actualmente, la mayoría de pisos son propiedad de la Sareb, tras la quiebra que sufrió hace unos años la constructora que impulsó esta promoción de casas.
Una situación que los inquilinos desconocían, por lo que recibieron con sorpresa las órdenes judiciales, a través de las cuales les notificaron que les daban 10 días antes de que se produjera un desalojo, plazo que finaliza esta semana y dependerá del juez el día en que se fije el desahucio.
Requerimiento de documentos
Pero en ese requerimiento, que pidió impulsar el banco malo como dueño de casi todos los pisos, también se reclamó a los vecinos de la finca que aportaran documentos que alegaran la propiedad. Y hubo diversos casos en los que lo hicieron. Los más llamativos se produjeron en el bloque que da a Virgen de Gracia, donde hay 12 pisos. En este, al menos tres cuentan con un contrato de alquiler vigente y completamente acorde a la legalidad.
La irregularidad, que desconocían hasta la fecha los residentes, está en que llevan unos tres años pagando cada mes a inmobiliarias, empresas de otros ámbitos o personas particulares que ya no tienen ningún vínculo con la propiedad de la que sacan un rédito económico. Entre estas, está, según ha podido saber el diario Mediterráneo, una inmobiliaria de Castelló, ahora en quiebra, que ofertó en su día, alrededor del 2014, viviendas en este edificio, algunas de las cuales arrendaron.
¿Quiénes se verán afectados por el desalojo?
Ante esta problemática, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón, que se encarga de esta ejecución hipotecaria, tendrá en cuenta todos los pisos que tienen los documentos en regla, así como los que tienen legítimo dueño con escritura del hogar. En ambas circunstancias no serán desahuciados, paso que si se cumplen los plazos marcados será inminente. El desalojo afectará, sobre todo, la escalera que da a la calle Juan Sebastián Elcano, donde la mayoría de inquilinos no han podido demostrar que su residencia está en la finca y todo apunta a que también hay okupas.
