SOS de Atzeneta para encontrar una solución a un problema que le persigue desde hace 24 años. Es el pozo, de más de 1.000 metros de profundidad, que construyó la Diputación (entonces gobernada por el PP) en la zona del monte del Retoret en el año 1997, con un presupuesto de 75 millones de las antiguas pesetas (450.000 euros al cambio).
Una infraestructura que, aunque está ubicada en su término municipal, solo abastece a una parte de Atzeneta (únicamente a las masías, no llega al núcleo urbano), pero sí suministra agua a poblaciones del alrededor como Vilar de Canes, la Torre d’en Besora, Culla, les Useres, Benafigos y Vall d’Alba. No obstante, el principal problema es que, más de dos décadas después, sigue siendo ilegal.
Esa falta de conformidad ante la ley es un lastre para Atzeneta, que impide el crecimiento y el desarrollo del municipio. Así lo denunció su alcalde, Santiago Agustina (PSOE), durante una entrevista en La Panderola, el magacín estrella de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, que explica lo «surrealista» y el «empastre» del episodio: «La Conferencia Hidrogáfica del Júcar (CHJ) no para de enviarnos notificaciones avisándonos de que tenemos un pozo ilegal y nos insta a legalizarlo, pero, claro, el propietario es la Diputación».
Plan urbanístico en 'stand by'
Una de las consecuencias directas es que esa infraestructura bloquea la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Atzeneta. «Cuando lo redactamos, hará 10 o 12 años, pusimos este pozo en el plan porque creíamos que, con el paso del tiempo, alguien arreglaría su situación legal, pero ahora mismo todavía tenemos el PGOU parado», lamenta Agustina.
"La situación es surrealista. La CHJ nos insta a legalizar un pozo que no es nuestro. Si dependiera de nosotros ya estaría solucionado"
Multas de "hasta un millón"
Por si no fuera poco, la CHJ remite cartas al alcalde advirtiéndole de que, si no lo legalizan, el Ayuntamiento se enfrenta a posibles multas. «Obligada por la Conselleria (para poder gestionar los recursos del pozo), la Diputación constituyó en el año 2010 el consorcio de aguas del Pla de Meanes que nunca se ha reunido ni una vez. Y la CHJ, diciendo que soy el presidente de ese ente, me avisa de sanciones leves, de 10.000 euros, y de graves, que van desde los 500.000 hasta el millón de euros», denuncia.
Ante esta encrucijada, el alcalde urge a la institución provincial, como dueña y constructora del pozo, una solución a este enquistado caso. «Desde la Diputación dicen que disolverán el consorcio del Pla de Meanes y que nos incorporaremos al del Pla de l’Arc, pero son demasiados años de problemas. Si el pozo fuera nuestro, ya hace tiempo que estaría solucionado todo; no es tan complicado legalizar algo así», concluye.
