El Ayuntamiento de Burriana ha intensificado la vigilancia en la vivienda okupada en pleno centro de la ciudad. La Policía Local refuerza el paso de vehículos patrulla por la calle Jardí y alrededores para garantizar la convivencia vecinal tras los incidentes registrados la madrugada del domingo. Desde el consistorio informaron de que son totalmente conscientes de la problemática, pero que lo máximo que pueden ejecutar dentro de sus competencias es enviar más agentes para que su presencia sea al menos disuasoria.
La alcaldesa y responsable del área de Seguridad, Maria Josep Safont, declaró que «las autoridades municipales están pasando continuamente y están coordinados con la Guardia Civil para identificar a las personas que residen en la vivienda de forma ilegal». Según estimó la munícipe, «estamos haciendo todo lo que corresponde según nuestras posibilidades que no pueden ir más allá de asegurar la tranquilidad de los vecinos».
Tal y como informó Mediterráneo, un fuerte altercado hace tan solo unos días, destapó la okupación ilícita de este inmueble de dos alturas situado en pleno corazón del barrio de la Merced. Una discusión que acabó en pelea y con la intervención de los servicios sanitarios, pero que es solo el último problema derivado de la okupación que se arrastra desde hace más de dos años y que trae de cabeza a los vecinos del vial.
Sin solución a la vista
Pese a que existen procedimientos legales que podrían poner fin al asunto, todo apunta a que la solución está difícil. Según las informaciones a las que ha podido tener acceso este periódico, parece que el edificio es propiedad de una entidad bancaria por lo que no puede aplicarse el mecanismo de desahucio exprés, un cauce que permite recuperar la vivienda de forma rápida.
Por lo tanto, solo cabe la vía penal mediante la denuncia ante un juzgado, pero que suele alargar el proceso varios años o por lo civil para solicitar el desalojo siendo una opción menos compleja. Con todo, los residentes manifestaron su total desamparo frente a la ley ya que, como en la vivienda no constituía una morada, el código penal lo considera un delito leve castigado con la pena de multa.
Pese al repetido contacto con autoridades y consistorio, los vecinos consultados declararon que «se pasan la pelota unos a otros y nosotros solo queremos que se resuelva de una vez, ya no podemos más con esta incertidumbre».
Cabe recordar que, además del suceso antes mencionado, la convivencia de las cerca de 20 personas que residen en la casa actualmente, ocasiona peleas y muchas molestias que llegan a ocasionar desperfectos en la vía. Por ejemplo, detectaron abolladuras en diversos vehículos aparcados o incluso daños en varias fachadas colindantes. Pero lo que más preocupa es el intento de acceso por la azotea a otras viviendas de la zona, una cuestión que tiene atemorizados a los vecinos que han recibido insultos y amenazas.
Aun así, reiteran su disposición a colaborar en todo lo que se pueda, algo que Safont quiso agradecer puesto que «la colaboración ciudadana es vital para continuar con el seguimiento de las okupaciones y contar, en todo momento con la ayuda de la policía».
