La comunidad de vecinos de la urbanización Peñíscola Playa exige que se mejore la seguridad, limpieza e imagen de los establecimientos comerciales que cesaron su actividad en 2016. Los propietarios de los apartamentos situados en la misma finca solicitan medidas para frenar el estado de deterioro hasta que llegue el momento de la demolición, cuya ejecución continúa en los juzgados a causa de las demandas interpuestas por los propietarios de los locales.
El pasado martes se produjo una manifestación frente a los bloques de viviendas del residencial, ubicados frente a la playa Norte, tal y como reflejó Mediterráneo, donde decenas de familias afectadas protestaron paralizando el tráfico de la avenida Papa Luna. Alrededor de 150 personas salieron a quejarse de una situación que definen como "insostenible".
"Pedimos que aseguren bien esa valla tan inestable y los alambres que sobresalen, o que la cambien por otra con la que no se vea la desidia existente", claman desde la comunidad.
Cerca de 500 afectados
La de Peñíscola Playa es una comunidad vecinal formada por 480 personas, en su mayoría de avanzada edad y procedentes de diferentes provincias españolas que tienen la población como segunda residencia. "Compramos estos apartamentos en los años 80 y 90 en una ubicación privilegiada de Peñíscola, pero ahora tenemos que convivir con este escenario insalubre para acceder a nuestros pisos", comentan a este rotativo.
Los vecinos manifiestan su malestar ante la presencia de estos 14 locales comerciales ubicados justo delante de la urbanización, en primera línea de costa, "que continúan en mal estado a medio derruir y que fueron construidos superando el volumen edificable de nuestra urbanización". La situación actual de los establecimientos "es deplorable desde el punto de vista higiénico y estético, siendo foco de escombros, basura y roedores", afean. "Si no es el Ayuntamiento quien lo arregla tendrá que exigir a los propietarios de estos locales que lo adecenten", protestan los vecinos.
El Ayuntamiento ejecuta reparaciones
Por su parte, fuentes municipales de Peñíscola afirman que "el área de Servicios ha realizado múltiples reparaciones de la zona en los últimos meses y va a proceder a su sustitución total en las próximas semanas, pues está en marcha el procedimiento de contratación, en estos momentos, para poder cambiar el vallado".
Paralelamente, desde el consistorio anuncian estar "pendientes de la denuncia efectuada por parte de los propietarios de los locales comerciales a los vecinos de la urbanización cuyos parkings, argumentan, se encuentran construidos en vía pecuaria". Hay varios procedimientos abiertos y, desde la administración local sentencian que "este Ayuntamiento cumplirá con la legalidad, como no puede ser de otro modo".
Antecedentes
La problemática con esta urbanización no llega de nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace varias décadas. A finales de los 80 se construyó Peñíscola Playa, a la que se añadió una zona de locales. La comunidad de propietarios -que engloba a los apartamentos del residencial- presentó en 1994 una causa judicial por edificación irregular con exceso de volumetría de los establecimientos comerciales y de hostelería. Tras haber agotado numerosas vías judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ordenó el derribo en 2014. En 2016 dejaron de operar los comercios ante el aviso inminente de demolición.
Al no hacerse cargo los mismos propietarios de los locales, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2016 una modificación de crédito para dotar de partida económica el proceso de derribo, que asumió de forma subsidiaria el municipio.
Dos años más tarde, desestimando la petición de los titulares de los locales de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la ejecución de la sentencia, el auto del TSJCV acordó que se procediera por parte de la administración a la demolición de la edificación de los locales comerciales. Este acuerdo llegó aún no siendo responsable directo el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones oportunas contra los promotores de la edificación ilegal.
Una vez dio comienzo la demolición, esta quedó nuevamente suspendida al presentar los propietarios de locales un recurso ante el Tribunal Supremo que fue estimado en enero de 2021.
Actualmente, a la espera de resolución judicial
Actualmente, tal y como explica el departamento legal del Ayuntamiento, "se están tramitando y continúan pendientes de resolución un total de tres demandas que interpusieron los propietarios de locales comerciales ante el TSJCV; siendo la institución la que deberá determinar, con carácter previo a la demolición acordada, la procedencia de la prestación de garantías, quién deberá prestarla y por qué importe".
Por todo ello, desde la administración local subrayan que "el Ayuntamiento ni ha ejercido ni ejerce ningún tipo de demora y está a la espera de resolución del recurso presentado por parte de los propietarios de los locales comerciales, pero hasta que esto no suceda, no se puede proceder a la demolición".
