El Ayuntamiento de Benicarló quiere recuperar el campanario para el pueblo. Con ese objetivo, pretende presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como ha podido saber Mediterráneo, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, que falló a favor del obispado de Tortosa al revocar el veredicto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaròs, que determinaba en un principio que el monumento era de titularidad municipal.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia cayó como un jarro de agua fría en el consistorio, ya que devolvía la titularidad de la torre a la Iglesia, al considerar que la Carta Puebla otorgada por el Rey Jaume I a los seis primeros pobladores de la localidad en 1236 «no acredita de forma suficiente» que el Ayuntamiento sea el propietario de esos bienes.
Asimismo, el tribunal señaló que el hecho de que el consistorio sufragara el coste de las campanas, reparaciones, mantenimiento o suministros «no justifica su título de propiedad», ni tampoco que la torre campanario «figure inscrita en el registro municipal de bienes, que no es más que un registro administrativo que no constituye prueba de titularidad».
La Audiencia concluyó, por tanto, que la alegada propiedad desde tiempo inmemorial que aducía la corporación municipal «no ha quedado acreditada frente a la titularidad del obispado demandado», recogió el fallo.
La alcaldesa, Xaro Miralles, afeó tras esta sentencia que «no tiene en cuenta los argumentos de la primera resolución, que otorgaba la propiedad a Benicarló», y anunció que «el Ayuntamiento no se podrá hacer cargo de los gastos derivados de la torre».
La pugna por saber a quién pertenece el monumento se remonta a junio de 2015, cuando la diócesis registró el campanario a su nombre, coincidiendo con los primeros días de Miralles al frente del gobierno, que presentó una demanda civil. En octubre del 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vinaròs dictó una sentencia favorable para el Ayuntamiento, pero el obispado recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón. El Supremo tendrá ahora la última palabra.
