Ultimátum de la Vall a la constructora del segundo polideportivo: se enfrenta a una multa de 3.000 € por día

El pleno municipal de la Vall d’Uixó, como estaba previsto y avanzó este periódico, aprobó este miércoles por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno (PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem) de dar un ultimátum a la empresa que ha de construir el segundo polideportivo municipal. Deberá entregar el proyecto definitivo a mediados de febrero o se expone a recibir sanciones de 3.000 euros por cada día de incumplimiento.

Los portavoces del tripartito comparecieron este miércoles antes del plenario para explicar de manera pública las condiciones de la propuesta de acuerdo --que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos municipales-- que, como remarcó la alcaldesa, Tania Baños, se justifica por la «defensa de los intereses de la Vall».

La ejecución de este proyecto difiere sustancialmente de otras obras públicas porque está condicionada desde el año 2009, cuando el Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Popular, adjudicó el contrato de limpieza viaria y gestión de los residuos urbanos. La empresa elegida presentó una importante mejora en su oferta económica: la construcción de un segundo polideportivo. La valoración de esa inversión rondaba el millón de euros.

Pasados los años, el contrato afrontó un cambio de la titularidad de la empresa, que pasó a denominarse Fovasa. El equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Esquerra Unida negoció una revisión del mencionado contrato, que incluyó dar impulso a la ejecución del proyecto. La adjudicataria había realizado ya algunas inversiones en la localidad, por lo que se acordó que asumirían la primera fase de las obras del pabellón, por valor de un millón de euros. Llegó a presentarse el diseño de la infraestructura deportiva y se dio un plazo para el inicio de la construcción: finales del 2022.

Desencuentro

Pero hubo un desencuentro. Unos 160.000 euros de discrepancia que Ayuntamiento y empresa consideraban que debía abonar la otra parte. Como recordó Baños, ante la imposibilidad de discernir en la negociación sobre quién tenía razón, se optó por recurrir al Consell Jurídic Consultiu que, como ya informó este periódico, refrendó la tesis defendida por el consistorio.

El gobierno local no ha querido esperar más y va a ser inflexible y contundente. La propuesta que se aprobó en el pleno establece que el Ayuntamiento va a «requerir a la empresa adjudicataria del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para que, en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la notificación del acuerdo, aporte el proyecto de ejecución de la primera fase del pabellón polideportivo con las deficiencias subsanadas recogidas en el informe de supervisión de la Oficina Técnica Municipal de fecha 17 de julio de 2023».

En 30 días, las obras

Si se cuenta a partir de la fecha del acuerdo, ese plazo expiraría el 14 de febrero, pero como depende de la recepción de la notificación, puede variar algunos días. La alcaldesa remarcó que una vez se presente el proyecto y se le dé el visto bueno en el departamento de Urbanismo, se le darán a la empresa 30 días para empezar a trabajar.

De cumplirse las indicaciones establecidas por el Ayuntamiento, las obras no deberían prolongarse más allá del mes de marzo.

Los portavoces del tripartito remarcaron que habrían podido sacar provecho político de la situación y haber forzado el inicio de las obras antes de las elecciones, asumiendo las condiciones que proponía la empresa, pero decidieron no ceder sin tener un informe objetivo que aclarara quién tenía razón en cuanto al pago de los mencionados 160.000 euros. «Respetamos el dinero público, que es de todas y todos y abogamos siempre por hacer cumplir los contratos públicos», concluyeron Baños, Fernando Darós y Marc Seguer.