La Vall se planta y anuncia multas si no empiezan las obras del polideportivo

Una resolución del Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado un empujón definitivo al proyecto de construcción del segundo polideportivo de la Vall d’Uixó y ha iniciado una cuenta atrás que se va a convertir en cuestión de un par de semanas en un tajante ultimátum para la empresa que se comprometió a hacerlo. La inversión estaba parada por una discrepancia en torno a quién debía pagar unos 160.000 euros, si el Ayuntamiento o la adjudicataria. Para el CJC no hay duda, deben correr a cargo de la segunda y, por tanto, para el gobierno local ya no hay excusas ni caben más demoras.

La cuestión es compleja y tiene que ver con un procedimiento administrativo que se inició, como el propio CJC reconoce, en el 2009, cuando se adjudicó el contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. La empresa escogida --entonces Secopsa y ahora Fovasa-- comprometió como mejora de su oferta la construcción del polideportivo, por un importe que rondaba los 1,3 millones de euros. Entonces gobernaba el PP.

En junio del 2018, ya en la primera legislatura del actual tripartito, se ratificó el acuerdo de construcción y en mayo del 2021, el pleno municipal acordó que Urbanismo redactaría el proyecto básico; que el polideportivo se construiría en una parcela del Estadio Municipal José Mangriñán y que Fovasa ejecutaría la primera fase de las obras descontándose de la inversión final los gastos de redacción del proyecto y el estudio geotérmico. Y ahí es donde se focaliza el desencuentro.

La empresa aporta un cálculo de los gastos a descontar que no coincide con el del Ayuntamiento, relacionado con conceptos como gastos generales, beneficio industrial e IVA. A falta de acuerdo entre ambas partes, pues cada una consideraba que los 160.000 euros debía aportarlos la otra, se pidió la mediación del CJC.

A la pregunta de ¿y ahora qué?, la respuesta de la alcaldesa, Tania Baños, es contundente. El próximo pleno aprobará darle a la empresa un plazo de 10 días para presentar un proyecto con las modificaciones necesarias, de acuerdo con la resolución del CJC. A partir de entonces, «tendrán un mes para empezar las obras».

«Por cada día que pase sin que se cumpla con los plazos establecidos, impondremos una sanción de 3.000 euros»

Tania Baños

— Alcaldesa de la Vall d'Uixó

El equipo de gobierno va a ser «inflexible» en este asunto, y así se le ha trasladado ya a Fovasa, incluso antes de que el acuerdo esté aprobado, «para que no pongan la excusa de que no les hemos dado tiempo suficiente», señala Baños, quien detalla que «por cada día que pase sin que se cumpla con los plazos establecidos, impondremos una sanción de 3.000 euros».

En su análisis, el CJC considera que el problema ha surgido por la interpretación de los contratos administrativos, y la versión correcta es la que hace el consistorio, según han concluido. 

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