LA CONSTRUCCIÓN ESTABA PREVISTA PARA FINALES DEL 2022
Novedades sobre las obras del segundo polideportivo de la Vall d'Uixó
Piden al Consell Jurídic Consultiu que dirima a quién le corresponde el pago
Discrepancias en el abono de 160.000 euros provocan el retraso del proyecto
Imagen virtual de cómo quedará el segundo polideportivo de la Vall d’Uixó. / MEDITERRÁNEO
Las obras de construcción del segundo polideportivo de la Vall d’Uixó estaban previstas para finales del 2022. Siete meses después no se han iniciado, razón por la cual el gobierno municipal realizó ayer una comparecencia en la que indicaron que se ha solicitado un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat para que dirima quién tiene la razón en una discrepancia económica que ha surgido entre el Ayuntamiento y la empresa a la que le corresponde la construcción del pabellón.
Los portavoces del PSOE, Compromeís y EU-UP explicaron lapostura ddel consistorio. / MEDITERRÁNEO
Según informaron los portavoces del PSOE, Compromís y EU-UP, la diferencia de criterio tiene que ver con el total de la inversión para ejecutar la obra. El contrato firmado en el 2009 para la gestión de los servicios de limpieza viaria y gestión de residuos, para el que la adjudicataria presentó como mejora en su propuesta la construcción del polideportivo, planteaba una inversión de 1.175.366 euros. Tras diferentes negociaciones y ante la necesidad de la infraestructura, las dos partes llegaron a un acuerdo de ejecución por el que la empresa asumiría la primera parte de las obras por esa cantidad y el consistorio completaría la inversión y remataría el proyecto.
¿Quién debe pagar?
De acuerdo con la versión de los hechos del equipo de gobierno, la empresa aduce que de ese presupuesto deben descontarse los conceptos de gastos generales y el beneficio industrial, por lo que abonarían 160.000 euros menos de lo previsto. Los técnicos municipales consideran que el 100% del presupuesto firmado «debe destinarse a la ejecución de las obras», y así lo han defendido Jorge García (PSPV), Fernando Darós (Compromís) y Marc Seguer (EU-UP).
Los portavoces explican que han recurrido al Consell Jurídic Consultiu para que informe y que en su argumentario han defendido «el interés general de la población» frente al participar de la empresa. A la espera de que este organismo se pronuncie, piden el inicio inmediato de los trabajos, porque existe una «necesidad acuciante» en la ciudad «y debe cumplirse el compromiso adquirido».
Detallan que una vez llegue la resolución, si no están de acuerdo, ambas partes podrán defender su posición, incluso por la vía judicial si lo consideran pertinente.
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