Burriana se enfrenta a una reclamación de 40 millones por el PAI Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana se enfrenta a una reclamación millonaria por el PAI Golf Sant Gregori. La administradora concursal ha remitido un documento al consistorio en el que solicita una indemnización de aproximadamente 40 millones de euros por la pérdida de valor de los terrenos, derivado de la revocación de la condición de agente urbanizador por la demoledora sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según ha podido conocer Mediterráneo, piden la iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial debido a las decisiones administrativas que llevaron a declarar nulo el acuerdo transaccional del 2019, momento en que el ejecutivo estaba encabezado por PSOE y Compromís. La citada sentencia del TSJCV, que está a punto de cumplir un año, consideró que los procedimientos seguidos no se ajustaban a la legalidad y el actual equipo de gobierno acató el dictamen en sesión plenaria, devolviendo la urbanización a la casilla de salida. Esto implicó la cancelación del programa urbanístico.

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Por eso, la empresa Urbanización Golf Sant Gregori, afectada por la reclasificación, alega que la pérdida de valor de sus terrenos es «significativa», ya que el suelo pasó de ser urbanizable a tener la equivalencia de rústico, lo que reduce drásticamente su cotización en el mercado inmobiliario. El alcalde, Jorge Monferrer, explica que el informe que solicitaron a una empresa especializada ya les advirtió de que «este problema podía aparecer». «Por eso, desde el minuto uno, nos hemos puesto a trabajar en una solución para el PAI, buscando la máxima seguridad jurídica en el proceso», expone. Recalca que, con el asesoramiento avalado por los técnicos y la ley, han conseguido «la devolución de los 9,5 millones de euros de las garantías, así que ese es el camino», ahonda.

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Monferrer incide en que «el primer paso será trasladar esta solicitud a los abogados expertos en temas mercantiles y en concurso de acreedores que ha contratado el consistorio para estudiarlo detenidamente y ver si los argumentos son válidos», ya que tienen «dudas». No obstante, pese a que la indemnización podría suponer la «quiebra» para las arcas municipales, el munícipe asegura que es «optimista» con el trabajo que han realizado hasta ahora. «Mi obligación es encontrar la viabilidad del PAI y defender los intereses de los vecinos para que Sant Gregori no les cueste ni un euro», señala.

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Peritajes

La empresa, a través de la administradora concursal, ha solicitado la apertura de un periodo de prueba para aportar documentación y peritajes que acrediten el valor actual de los terrenos y el perjuicio sufrido. El Ayuntamiento deberá decidir si acepta la responsabilidad y procede a la indemnización solicitada. Por otro lado, otro de los flancos abiertos para resolver la urbanización es el peritaje de las obras ejecutadas hasta le fecha. Por ello, el consistorio adjudicó recientemente estos trabajos a la empresa NM Consultores.

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