"Se necesita una estrategia de financiación sólida e inversión en tecnología para implementar con éxito la nueva regulación del agua"

Castelló acogió los pasados 27 y 28 de septiembre las XVIII Jornadas Técnicas promovidas por el área de Saneamiento y Depuración de Facsa. Enrique Baquerizo, experto en aguas residuales y presidente de la Comisión Técnica V de AEAS, ‘Depuración y Economía Circular’ defendió la ponencia Aspectos más destacables del borrador de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y participó en la Mesa Redonda Estrategias de las administraciones frente a los retos del nuevo contexto regulatorio. Las Jornadas congregaron a más de 200 expertos de toda España que coincidieron en reivindicar "una estrategia de financiación sólida e inversión en tecnología para implementar con éxito la nueva regulación". En este contexto, y, además, ante un panorama de cambio climático y escasez de recursos que enfrentan a las ciudades a condiciones cada vez más complejas y cambiantes, preguntamos al experto en Aguas Residuales sobre los cambios que deben acontecer y el futuro del sector. 

La Unión Europea (UE) está inmersa en la definición de la nueva Directiva Europea de Aguas Residuales, que busca dar un salto cualitativo en la gestión y calidad de estas aguas ¿Cuáles son los principales cambios propuestos en esta nueva directiva?

 La actual Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (UWWTD, por sus siglas en inglés) lleva vigente más de 30 años, se adoptó en 1991 y podemos decir que ha cumplido en gran parte con el objetivo fundamental de proteger el medioambiente produciendo una clara mejora en el estado de nuestros ríos. Pero tras tres décadas de aplicación, no ha sido suficiente determinándose la necesidad de elaborar un nuevo texto para mejorar, entre otros, los aspectos relacionados con los siguientes objetivos:

Reducir aún más la contaminación que llega a nuestros ríos y mares mejorando la depuración en pequeñas poblaciones, controlar y tratar las aguas contaminantes que producen las lluvias, disminuir los vertidos industriales o exigir una eliminación más estricta de nutrientes para evitar eutroficación en los cauces y reducir los microcontaminantes procedentes de la industria farmacéutica y de cosméticos.

Imponer nuevos retos que estén alineados con la normativa de Europa como el Pacto Verde Europeo, incluyendo para ello aspectos relativos a la economía circular, neutralidad energética, control de emisiones de gases de efecto invernadero o la vigilancia epidemiológica (SARs COV2) a través de las aguas residuales.

 Mejorar la gobernanza, sobretodo con la introducción del concepto de responsabilidad ampliada del productor, aplicando de esta forma el criterio de quien contamina paga, dirigido al sector industrial responsable de la microcontaminación para que se hagan cargo de los costes de depuración de esas sustancias. Además, para realizar la planificación de inversiones, el seguimiento y presentación de informes u obligaciones de información al público o el exigir el acceso al saneamiento universal dado que el agua, en todas sus vertientes, es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas.

El texto ha sido presentado por la Comisión Europea en octubre de 2022, siendo un borrador con aspectos que mejoran la actual directiva, sin embargo, creo que tiene otros que deben abordarse antes de su aprobación debido a sus implicaciones para lograr una implementación efectiva y eficiente de la norma.

  ¿Qué implicación tendrá la normativa para España? ¿Ve ud. factible el cumplimiento de la directiva en el estado actual de la depuración en España?

 Sin duda, es una buena noticia la revisión de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que suponga un avance, no solo en la protección del medioambiente, sino también en la gobernanza y en la contribución para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planteados en el Pacto Verde Europeo.

 Que los objetivos del nuevo borrador de Directiva vayan dirigidos a conseguir una mayor protección de los ciudadanos y las ciudadanas, de los ecosistemas y de las fuentes de contaminación, así como mejorar la transparencia y gobernanza en el marco de la transformación digital es a la vez un reto y el camino a seguir.

 Todavía es pronto para conocer el impacto que tendrá en cada Estado Miembro la aplicación de una nueva directiva de aguas residuales, dado que el desarrollo reglamentario se encuentra en revisión y discusión por los distintos estamentos europeos: Comisión, Parlamento y Consejo Europeos. En el caso de mantenerse el texto presentado por la Comisión Europea, con unos requisitos excesivamente exigentes en algunos aspectos, el impacto económico será muy elevado.

 Hay que destacar que la realidad de la que partimos es una situación de incumplimiento con expedientes de sanción abiertos desde la Comisión Europea, lo cual presenta un escenario aún más difícil si cabe. Por tanto, si los plazos y las exigencias que vienen reflejados en el documento se mantienen, su cumplimiento va a ser prácticamente imposible.

 Aún en el caso que estas exigencias se relajen, habría que hacer un despliegue de actuaciones que no solo van a necesitar de importantes inversiones, sino también de agilidad en la administración pública para poder realizar las obras necesarias en estos plazos.

 ¿Qué aspectos o palancas requieren mayor atención para alcanzar los nuevos requerimientos?

En primer lugar, hay que partirde la premisa que esta evolución normativa, dirigida hacia una mejora del medioambiente y de la gestión, es necesaria, y que para implantarla va a hacer falta un esfuerzo importante. El “reparto de esfuerzos” nos lleva a considerar cuáles son las singularidades del ciclo urbano del agua y el modelo de gobernanza para la prestación de este servicio en nuestro país.

El suministro de agua y el saneamiento, que son hoy derechos humanos reconocidos por el comité de NNUU, han sido concebidos siempre como un servicio público, cuya competencia y titularidad, sea cual sea la forma en la que se gestiona, recaen en las entidades públicas, principalmente administraciones locales.

La multiplicidad de actores, con competencias claras, pero funciones desdibujadas; la gran variabilidad de modelos existentes para la prestación del servicio que van desde la gestión pública directa a la privada delegada (Concesión); junto y sobre todo con la falta de regulación del sector, acarrean una serie de disfuncionalidades o problemas estructurales endémicos del sector:

-         La imposibilidad de recuperación de costes a través de una tarifa, que se fija con criterios dispares y no siempre técnico-económicos.

-         Derivado o consecuencia de lo anterior, una excesiva heterogeneidad y con una horquilla muy amplia de variación entre unos sistemas y otros en lo que al precio que los ciudadanos pagan por el servicio se refiere. 

-         Gobernanza muy compleja, que a veces se ve condicionada por intereses.

-         Falta de transparencia de cara al usuario y a la ciudadanía, que desconoce los criterios y consideraciones que soportan las tomas de decisiones, que casi siempre se toman sin su participación. 

A partir de este análisis se derivan los retos que nos supone la directiva y es difícil señalar solo uno como el principal y, además, no se pueden desvincular unos de otros porque todos están muy interrelacionados, pero que podríamos agrupar en tres bloques:

-         Retos Tecnológicos: es imprescindible disponer de tecnologías altamente eficientes para poder cumplir con los requisitos que establece la directiva. Existe un alto nivel de desarrollo tecnológico e innovación en el sector, por lo que los retos tecnológicos no van a ser determinantes, especialmente en las grandes aglomeraciones, donde la escala y el grado de tecnificación permiten asumir el manejo y el coste de tecnologías que ya están en el mercado. Sin embargo, en las aglomeraciones medianas y sobre todo en las pequeñas sí existe una dificultad a este respecto, y la innovación va a tener que jugar un papel determinante para ofrecer nuevas soluciones cuya implantación sea viable en estas aglomeraciones.

-         Retos Económicos: La adaptación de nuestras infraestructuras para cumplir los requisitos de la normativa va a ser importante, lo que va a requerir inversiones. Más allá de las estimaciones que establece el memorando de la propuesta de directiva, o de las estimaciones que se puedan realizar de forma más o menos moderada, es necesario realizar un análisis con detalle para planificar y definir que actuaciones van a ser necesarias y cómo y quién va a asumir su financiación.

La tarifa media en España es de unos 2euros/m3, una de las más bajas de la UE sobre todo en relación con nuestro PIB y nivel de renta media. Esta tarifa es en muchos casos deficitaria, entendiéndose que no cubre los costes de reposición del servicio y que incluso está llegando a no alcanzar los costes de producción. Esto hace que partamos de una situación digamos con "saldo negativo" para afrontar nuevos esfuerzos. Es decir, primero tendríamos que abordar nuestro déficit estructural y equilibrar nuestra tarifa y luego incrementarla progresivamente para asumir el incremento de costes que supone implementar la directiva.

Por otra parte, la normativa impone los mismos requisitos a todas las aglomeraciones, en el caso de la DARU solo establece plazos diferentes para su cumplimiento. Pero la adaptación de las aglomeraciones medianas y pequeñas va a requerir mayor inversión, tanto a nivel global como en términos unitarios por habitante y estos problemas no se resuelven dando más plazo. Por eso, es muy importante que en el análisis económico se sea capaz de reflejar esta circunstancia y no solo una estimación generalizada.

-         Retos de gobernanza: en España existe un marco competencial complejo, en el que intervienen las tres administraciones del Estado, que dificulta el cumplimiento de la normativa comunitaria. Aunque se trate de una competencia local, ante las dificultades de toda índole que tienen ayuntamientos y mancomunidades, las CC.AA. vienen asumiendo parte de estas competencias a través de diversas fórmulas, mientras que la Administración General del Estado suele apoyar con auxilios a la financiación de inversiones. Por otra parte, la falta de regulación hace que no se disponga de un marco homogéneo para el establecimiento de tarifas, que garantice la recuperación de costes en relación con unos indicadores básicos de calidad de la prestación del servicio.

 Todo esto deriva en una situación muy desigual a nivel global, con algunos territorios mejor adaptados (Madrid, València, Cataluña, con regulación propia o con una escala que les permite una economía más robusta) y otras CC.AA. que tienen un marco menos adaptado y donde hay sistemas de mediano y pequeño tamaño, con tarifas muy por debajo de la media y que no pueden dar respuesta a los retos que supone la normativa.

 Por tanto, nos vamos a encontrar territorios “a dos velocidades”, tanto en España como desde una perspectiva más global a nivel europeo.Esto puede dar lugar a un desequilibrio en el cumplimiento de la normativa que, lejos de armonizar, conseguirá el efecto contrario con situaciones de dos velocidades, un error que ya se completó con la anterior directiva.

 Citaba la tecnología como aspecto fundamental para lograr una gestión eficiente del agua. ¿Podría profundizar en el papel de la tecnología en la implementación de la nueva normativa? 

 Como hemos comentado, las elevadas exigencias normativas para mejorar la calidad de nuestros ríos y del medioambiente, van a requerir de desarrollos tecnológicos avanzados.  

Si analizamos únicamente las necesidades tecnológicas que habrá para alcanzar los requisitos del agua a verter al medio nos encontramos con desarrollos a nivel industrial que han alcanzado un grado de fiabilidad y robustez adecuado. Incluso para la eliminación de los contaminantes procedentes de las industrias, la tecnología necesaria para su adecuada reducción se puede afirmar que ya tiene cierto desarrollo y que, en algunas situaciones, está siendo utilizada para el tratamiento de agua potable. No obstante, en el caso de los contaminantes industriales, hay incertidumbres en cuanto a si se podrán alcanzar los rendimientos necesarios.

Finalmente, y tanto o más importante, el gran reto a alcanzar será avanzar hacia tecnologías que tengan mayor eficiencia y que faciliten el cumplimiento de retos como el de neutralidad energética de las instalaciones de depuración, es decir, que tengan bajos consumos energéticos para que contribuyan a cambiar el paradigma de las depuración, pasando de ser instalaciones que para conseguir los objetivos de depuración consumen mucha energía y producen residuos a centros tecnológicos que consiguen la excelencia en el tratamiento medioambiental, produciendo energía y productos de valor añadido.

 En relación con los últimos episodios climáticos extremos que estamos viviendo (sequía, DANAs…) ¿Cree que la nueva Directiva responde a los retos que se imponen ante estos escenarios?

Creemos que la implantación de una nueva directiva de aguas residuales no solo es pertinente, sino que es absolutamente necesaria. No tanto para solucionar los problemas no resueltos hasta la fecha, como para dar respuesta a la nueva realidad que nos impone el cambio climático y sus efectos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos.

Debemos ser conscientes de que la nueva realidad climática va a afectar de manera considerable a la disponibilidad de los recursos hídricos y nuestra estrategia de adaptación ante esta realidad, no puede ser otra que la de ser extremadamente rigurosos en su protección, ya que de ello va a depender su disponibilidad futura. La garantía de disponibilidad de recursos hídricos va a depender de que seamos capaces de devolver al medio el agua que le detraemos en condiciones más exigentes. Puede afirmarse que existe un amplio consenso a este respecto, tanto en el sector como en la sociedad, que considera necesario disponer de nuevas normas que garanticen esta protección en el territorio de la UE y que dé respuesta a esta necesidad de adaptación.

Por otra parte, es imprescindible que, como cualquier otro sector económico, contribuyamos a la mitigación del cambio climático, a través de una progresiva descarbonización y una transición hacia un modelo más circular, desarrollando una gestión integrada que garantice la sostenibilidad, la suficiencia de recursos, la viabilidad económica y el bienestar humano. Para ello, contamos con el gran potencial que nos ofrecen las aguas residuales y las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

Los entornos urbanos, principales consumidores de recursos y generadores de residuos, son decisivos para la transición a una economía circular y descarbonizada, y los liderazgos a nivel local tienen una función catalizadora en este proceso de transformación. En este sentido, es muy importante el papel de los operadores públicos del ciclo urbano del agua en esta transformación, dada la interrelación agua-energía-residuo y, por ello, las EDAR son unas instalaciones clave donde se pueden llevar a cabo acciones para, además de depurar, producir energía eléctrica y productos de valor añadido.  

Por tanto, el camino que nos marca la normativa es fundamental en el marco de los esfuerzos que es preciso realizar para la mitigación y adaptación a nuestra nueva realidad climática.