El pleno de Les Corts Valencianes aprobó ayer, con los votos a favor del PP y del PSPV-PSOE y la oposición de Compromís y EU, la ley de Ordenación y gestión de la función pública valenciana, que afectará a unos 190.000 empleados públicos y supondrá un cambio en su estructura.
El PP aseguró que es una ley consensuada y novedosa, mientras que el PSPV, que recibió los reproches de Compromís y EU por apoyarla, resaltó que es una ley buena en general, aunque no comparten la no inclusión del requisito lingüístico ni los artículos sobre la libre designación, a los que se opusieron. Compromís y EU consideraron que se ha perdido una oportunidad para evitar el “clientelismo” en el sistema de acceso, y para avanzar en la normalización del valenciano, ya que no se ha incluido el requisito lingüístico para acceder a la función pública. Al respecto, el PP destacó que uno de los artículos recoge que, quienes superen las pruebas selectivas, acreditarán su conocimiento de valenciano, y quien no pueda hacerlo deberá hacer cursos de perfeccionamiento organizados por la Generalitat, y anunció que el Consell hará un plan de impulso del valenciano en la Administración.
La ley, que sustituye la regulación aprobada hace 25 años, tiene entre sus principales novedades la estructuración del personal al servicio de la Administración de la Generalitat en cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales y sus correspondientes escalas, con el fin de dotarle de mayor profesionalidad y especialización. Además, introduce un nuevo sistema retributivo basado en el rendimiento, a través del complemento de carrera y el de actividad profesional, que dependerá de la evaluación del desempeño, al tiempo que regula un código ético de los empleados públicos. La norma crea el Consejo asesor de función pública. H
