El exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas y exmiembro del patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Enrique Pérez Boada, aseguró ayer ante el juez que la citada fundación tenía un carácter privado y que, por tanto, no estaba sujeta a las obligaciones de la contratación pública. Pérez Boada compareció ayer en el Juzgado de instrucción número 5 de València, que investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración en los contratos realizados por la Fundación para preparar la visita de Benedicto XVI a València en julio del 2006.
Su declaración, según han informado fuentes conocedoras de la misma, fue breve y en la misma detalló que la Abogacía de la Generalitat le informó del carácter privado de la fundación.
Explicó además que fue el entonces arzobispo de Valencia Agustín García-Gascó (posteriormente cardenal, fallecido en el 2011) y la entonces alcaldesa Rita Barberá quienes le propusieron que ejerciese como enlace entre el patronato de la Fundación y las comisiones organizadoras.
Por otra parte, afirmó que él no participó en contratación alguna, que era competencia del arzobispo. La causa, abierta en julio del 2016, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
