Los zarandeos del Congreso de los Diputados no afectan al plan del gobierno valenciano para legislar hacia la abolición de la prostitución. El parlamento estatal rechazó este miércoles debatir sobre la recuperación de la llamada 'tercería locativa' en el Código Penal, una figura que sanciona penalmente a quien se lucra de ceder un local a la prostitución, y que la Conselleria de Justicia está en pleno trámite para su aprobación a partir de la modificación de la ley de Espectáculos.
La recuperación de esta fórmula penal casi hace encallar la llamada 'ley del solo sí es sí'. El PSOE había incluido en sus enmiendas este delito que persigue a quien saca provecho económico de la prostitución con el alquiler, por ejemplo, de las habitaciones en las que posteriormente las mujeres prostituidas atienden a los clientes. Sin embargo, la falta de apoyos en la Comisión de Igualdad del Congreso obligó a su retirada ante la amenaza de los socios de izquierdas y nacionalistas de votar en contra de todo el dictamen y, por ende, la ley.
La abolición de la prostitución genera divisiones en la izquierda. Hay grupos como ERC, Unidas Podemos o Compromís que dudan sobre la conveniencia o no de su regulación o prohibición, una escala de grises que choca con el discurso abolicionista claro que defiende el Partido Socialista. La formación del puño y la rosa salió del 40º Congreso Federal celebrado en València con la misión de sacar adelante una ley abolicionista en el Congreso, una moción en la que la federación valenciana hizo mucha fuerza tomando esta como una de sus banderas.
Tanto es así que la reforma legal que provocó duros reproches entre los socios habituales del gobierno de coalición estatal ya está en camino en la Comunitat Valenciana. En marzo, la Conselleria de Justicia dio el primer paso al sacar a exposición pública previa la modificación de la ley de Espectáculos. El objetivo del departamento que dirige Gabriela Bravo es que se introduzca un artículo para poder sancionar administrativamente a aquellos locales donde se ejerza la prostitución y que se camuflan con licencias de establecimientos de hostelería u ocio.
El debate en el Congreso, aseguran fuentes del ejecutivo autonómico, no influye en los trámites de la norma valenciana que todavía se prevén largos, ya que solo se ha dado el primer paso administrativo. Tampoco trastoca las intenciones de la parte socialista de aprobar una legislación abolicionista que, no obstante, necesitará ser consensuada con, como mínimo, Compromís y Unides Podem.
De momento, el departamento de Bravo (defensora de la legislación abolicionista) avanza en esta agenda. La semana pasada el departamento autonómico ya presentó junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias una ordenanza modelo para que los ayuntamientos pudieran adoptarla para multar a los clientes de la prostitución con hasta 3.000 euros y el PSPV anunció que la llevaría a debate a todos los plenos locales valencianos.
Sin embargo, pese a que no cambie el destino de la norma valenciana, en el ejecutivo autonómico sí que se esperaba que la recuperación de la figura de la tercería locativa en el Código Penal (como proponía el PSOE en sus enmiendas) diera más soporte legal a la modificación que quiere llevar a cabo el Gobierno valenciano y que estaría circunscrita a la vía administrativa, es decir, la multa económica, la única sobre la que la Generalitat tendría competencia a través de la ley de Espectáculos.
El camino para que se pueda perseguir de manera penal este beneficio económico de la prostitución a partir del alquiler de locales o habitaciones no está cerrado. Acto seguido de anunciar la retirada de las enmiendas por la falta de apoyos y las amenazas que podían tumbar la ley del 'solo sí es sí', los socialistas anunciaron que este jueves presentarán en el Congreso una propuesta para regular la abolición de la prostitución.
