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El Periódico Mediterráneo

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PREPARATIVOS

Las conselleries piden más dinero y fuerzan a estirar otra vez las cuentas

Los 1.300 millones a cuenta de la infrafinanciación se mantendrán en el presupuesto y la segunda partida reivindicativa, de otros mil, se negociará

El titular de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta Aitana Mas, con Puig y Tamarit. GERMÁN CABALLERO

Una de las dos partidas reivindicativas con las que el tripartito valenciano estiró los presupuestos del año 2022, actualmente en vigor, volverá a incluirse en las cuentas de 2023. Todo apunta a que la otra también aunque esta será uno de los puntos fuertes de la negociación en el seno del Consell que aún no ha comenzado. 

La que se mantendrá sin duda es la de 1.336 millones, a cuenta de la infrafinanciación, convertida ya en una seña de identidad del actual Consell. Mientras persista el problema del reparto de los recursos públicos en España, el Botànic tiene previsto mantener la reclamación de ese dinero en los presupuestos autonómicos, una partida que ya implantó el PP en las últimas cuentas de Alberto Fabra como presidente. 

Este año volverá a aparecer, aunque son fondos que nunca se van a ingresar porque el Gobierno en ningún caso incluye un apunte con esa cantidad en los presupuestos del Estado. 

Además, el año pasado el Consell rizó el rizo y para cuadrar las cuentas incluyó otra partida 'ficticia', como las denomina la oposición, de mil millones, que denominó 'fondo de transición hacia la nueva normalidad'.

Sin embargo, la nueva normalidad ya está aquí, es más dura de lo que se preveía por la guerra de Ucrania, y aquella partida de mil millones, que tenía como antecedente legal el fondo covid que el Gobierno transfirió en su momento para hacer frente a la pandemia ya no podrá incluirse al menos con esa denominación. Si se inserta o no en las cuentas y bajo qué nombre será uno de los grandes escollos de la negociación. Ya lo fue el año pasado.

La negociación no ha comenzado, ni hay convocatoria de reunión. La comisión política la presidirá, como se ha publicado, el conseller de Hacienda, Arcadi España, un cambio respecto al año pasado en la que no participó el entonces titular de Hacienda, Vicent Soler, que acabó bastante molesto con el funcionamiento de esa comisión política. 

La cuadratura del círculo

Los negociadores volverán a intentar la cuadratura del círculo, cerrar unas cuentas expansivas, las del año electoral y en un contexto en el que todas las conselleries piden más recursos para acabar de rematar sus proyectos antes de la cita con las urnas. El lunes acabó el plazo para que cada departamento hiciera sus planteamientos iniciales y todos piden disponer de más recursos.

Fondos que aumentan la deuda

Los partidarios de incluir de nuevo las dos partidas ficticias de 2.300 millones sostienen que es imposible atender los servicios públicos autonómicos sin ese dinero, porque, de lo contrario, tendrían que cerrarse colegios u hospitales antes de acabar el año.

Pero la otra cara de la moneda es que son fondos que van a aumentar también la deuda y el déficit. El año pasado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya criticó esa forma poco ortodoxa de confeccionar los presupuestos que hincha los ingresos.

Además, el Consell incluirá de nuevo partidas que tienen después un dudoso cobro como la 'deuda histórica' que mantiene el Gobierno con el Consell por la aplicación de la ley de la Dependencia que según la norma que la regula debería abonar un 50% del total pero su aportación no supera el 20%. No incluir ese dinero supondría que la Conselleria de Igualdad tendría que dejar de reconocer prestaciones de autonomía personal cuando se acaba la partida autonómica, algo que la conselleria que dirige la vicepresidenta Aitana Mas no está dispuesta a aceptar. 

También se incluirá otra cantidad habitual para cuadrar las cuentas, la del denominado Foga histórico, el dinero que el gobierno valenciano ha pagado por la atención sanitaria de los desplazados de otras autonomías y que está pendiente de un ingreso del Gobierno. La cifra supera los 700 millones a favor del Consell. 

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