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Puig mete presión con las consecuencias legales del retraso en plantas solares

Presidencia traslada que el plazo para cerrar el primer proceso de fotovoltaicas vence en enero y los promotores podrían querellarse

La nueva consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, juntoa a Puig y Aitana Mas. German Caballero

El último desencuentro a cuenta de las renovables se produce cuando las alarmas han saltado en Presidencia con este asunto. Es una de las prioridades de Gobierno subrayadas una y otra vez por Ximo Puig, en especial tras las carencias de suministro destapadas en Europa por la guerra en Ucrania. Pero la realidad es que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios con una menor implantación de energías verdes en España. Junto con Cataluña

El tiempo pasa, el atasco de expedientes de plantas fotovoltaicas aún es importante y se acerca el fin de un plazo: a final de enero se cierra el proceso de aceptación de proyectos de renovables marcado por España según directrices europeas. La preocupación es alta en Presidencia, destacan en el entorno de Puig. Ya lo era al margen de lo decidido ahora por los socios de gobierno en las Corts. No se trata solo, que ya es importante, de incumplir los objetivos marcados por la agenda europea, sino también de la posible responsabilidad legal de la Generalitat frente a los promotores.

El mensaje que ha hecho llegar Presidencia a las tres consellerias implicadas (Economía, Territorio y Transición Ecológica) es que hay que cerrar todos los expedientes antes de final de enero. Y ha de haber una explicación razonada en caso de denegación. Puig quiere cubrir las espaldas de la administración ante posibles demandas de los promotores de plantas solares y eólicas, porque pueden existir responsabilidades patrimoniales e incluso penales. El mensaje es una forma también de lanzar un último aviso a los departamentos implicados.

La implantación de estas instalaciones es motivo de roce político desde hace meses: entre los socialistas y Compromís, especialmente, e internamente asimismo en la coalición. La que era consellera de Agricultura y Transición Ecológica Mireia Mollà fue destituida por su formación después de que verbalizara una evidencia: que la C. Valenciana está muy lejos de los objetivos de descarbonización y que no todas las conselleries implicadas hacían el mismo esfuerzo. Señalaba, sin decirlo explícitamente, a Territorio y, en concreto, a la dirección general de Paisaje, en manos de Compromís también (Rosa Pardo es la responsable). 

Su caída del cargo ya era un mensaje de la orientación política que adoptaba la coalición en este asunto. Lo confirmaron las primeras declaraciones en sede parlamentaria de su sucesora en el cargo, Isaura Navarro. Dijo que la prisa no es siempre buena aliada en temas ambientales. 

Lo sucedido en Corts este jueves cierra este círculo y pone a Puig en la tesitura de actuar o no. Hasta este momento, la posición era intentar una reunión con las áreas afectadas «lo más pronto posible» para agilizar los expedientes y exponer las consecuencias de no resolverlos.

Hasta este jueves, antes del paso de Compromís y Unides Podem, con los que habían existido conversaciones previas, la posición era de reconducir la situación sin medidas drásticas. Ello significa que se había echado el freno a la amenaza vertida por la consellera socialista de Política Territorial, Rebeca Torró. Dijo que preparaba cambios en la tramitación de los proyectos de plantas solares, lo que se interpretó como una posibilidad de retirar competencias a los altos cargos donde se atascan los procesos.

La realidad de las renovables

La realidad de la extensión de la energía fotovoltaica en la Comunitat Valenciana a día de hoy es que entre 2019 y 2022 se han recibido 395 peticiones y se han resuelto 113. De ellas se han denegado 35 y en otros 32 casos han sido los promotores los que han desistido. Son los datos en Economía. La realidad también es la producción de energía fotovoltaica a fecha de final de octubre de 2022 es de 414 megavatios, cuando en 2018 era de 361. El aumento ha sido escaso: 6 megavatios con respecto a 2021. Si se tiene en cuenta que el objetivo para 2030 era producir 6.000 megavatios se puede apreciar la distancia entre la realidad y el deseo. Transición Ecológica sí ha dado luz verde a proyectos por 2.500 megavatios en los últimos meses, pero la mayor parte de ellos están a la espera de pasar el filtro de Territorio y Economía.

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