La Comisión Europea, reunida en Estrasburgo, declaró ayer ilegal el proyecto de reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar y prohibió su aplicación. El nuevo tributo supondría una ayuda estatal incompatible con la legislación europea, que crearía una ventaja fiscal desleal con el resto de empresas del Reino Unido y que la reforma sólo perseguía beneficiar a las compañías offshore (sin presencia física) de Gibraltar para que no tuvieran que pagar impuestos, según la decisión del comisario de Competencia, Mario Monti.
El proyecto pretendía sustituir el impuesto de sociedades, con un tipo del 35% sobre los beneficios, por un sistema basado en las nóminas y la superficie ocupada, con un gravamen máximo del 15% de las ganancias. La reforma establecía que las empresas de Gibraltar estarían sujetas a un impuesto sobre la nómina de 3.000 libras por empleado y año, más un impuesto por la superficie ocupada. La carga impositiva de ambos impuestos no podría superar el 15% de los beneficios.
