El Gobierno de David Cameron se enfrentó ayer a la primera huelga de su mandato. Y previsiblemente no será la última. Decenas de miles de trabajadores del sector público se echaron a la calle en Londres, Manchester, Glasgow y otra treintena de ciudades del Reino Unido para protestar contra la reforma de las pensiones. No obstante, la incidencia de la huelga fue, en general, menor de lo que los sindicatos esperaban.

Miles de escuelas, tribunales y oficinas administrativas se vieron afectados por el paro. Unos dos millones de alumnos de colegios estatales se quedaron sin clases. Pero el control de aduanas y pasaportes en los aeropuertos funcionó con normalidad, en contra de lo que se temía.

En la guerra de cifras que estalló a la hora de evaluar la jornada, la estimación del Gobierno fue de 100.000 huelguistas, mientras los sindicatos hablaban 250.000 funcionarios en paro, un número en todo caso muy alejado de los 750.000 que se esperaban movilizar. "Lo que hemos visto es que la mayoría de los empleados que trabajan duro en el sector público no apoyan esta huelga prematura y han decidido acudir a trabajar", señaló el ministro del Gabinete Francis Maude. Incluso el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, cuya posición está muy cercana a los sindicatos, consideró el paro inapropiado y perjudicial.

La de ayer estaba consideraba como una primera advertencia al Gobierno de coalición, que negocia actualmente el futuro de las pensiones de los funcionarios. Si las conversaciones se rompen puede haber nuevas movilizaciones en otoño. Cameron, obsesionado con reducir el déficit, la tarea que se ha impuesto como prioritaria, clama que el actual sistema es "insostenible". Sin embargo, el informe elaborado por el que fuera ministro de Negocios laborista, John Hutton, que ha servido de base al Gobierno para la reforma, confirma que el porcentaje del producto interior bruto que se llevan las pensiones del sector público tocó techo el año pasado, con el 1,9% y descenderá al 1,4% para los próximos años 2059-60.

EDAD DE JUBILACIÓN Los funcionarios tienen los sueldos congelados y deben afrontar la supresión de 300.000 puestos de trabajo de aquí al 2015. Además de eso, el Ejecutivo quiere imponerles, de aquí al año 2020, la prolongación de la edad de jubilación de los 60 años actuales a los 66 años. A la vez, se pretende aumentar en un 3,2% de media el coste de sus prestaciones.

"Los padres tienen que decidir si quieren para sus hijos un maestro de 66 años", señalaba una de las profesoras en la manifestación de Londres. En la marcha se pudieron ver pancartas con mensajes que decían, Tasa a los bancos, no a mi pensión y Más viejos, más sabios y más pobres. La marcha en la capital se vio alterada por la violencia de un grupo de anarquistas. Las fuerzas antidisturbios realizaron un treintena de detenciones.