Las asociaciones de consumidores recibieron ayer la decisión del Supremo de achacar a los clientes los gastos de las hipotecas con indignación e incredulidad. Mientras Facua definía el cambio de decisión del alto tribunal como de «aberración» y de «giro jurisprudencial», la asociación de consumidores OCU se decantaba por tachar la situación de «inaudita» y «bochornosa».

Los consumidores consideran que la posición tomada por el Tribunal Supremo supone perjudicar directamente los intereses de más de 12 millones de familias en España y «pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad».

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, reconoció que en el seno de la asociación de consumidores «no se descartaba» la posibilidad de una decisión similar, habida cuenta que el mismo tribunal había tomado claramente partido por los bancos en el caso de las cláusulas suelo, después enmendado por la Justicia europea.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, opinó que «la vía civil permanece vigente», por lo seguirán interpuestas las 83 demandas colectivas en una «batalla judicial que no ha terminado».

En opinión de Enrique García, de la OCU, «habrá que ver ahora de que manera se justifica una decisión injustificable», por lo que reclamó la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala Tercera, Luis Miguel Diaz Picazo, por un «espectáculo lamentable» que al «desdecir una sentencia firme» causa una indudable inseguridad jurídica.

Las organizaciones de consumidores confían en que el Tribunal de Justicia Europeo corrija esta sentencia y aplique la ley. Dado que el impuesto afecta a los clientes, la OCU reiteró su petición de que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sea eliminado, al tratarse de un «impuesto injusto».

DECISIÓN SIN PRECEDENTES / La OCU considera que el Supremo ha tomado «una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España». La sensación es que los miembros del alto tribunal no han actuado con la independencia debida en una decisión final «que se ha visto doblegada por los intereses económicos de la banca en perjuicio de los millones de familias hipotecadas». «Hoy la banca gana y pierden los consumidores y toda la sociedad», añadieron.

«El peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado», dijo Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es, que añadió que «los consumidores pueden seguir reclamando en los juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, incluyendo el impuesto de AJD, apoyando su reclamación en las sentencias europeas, ya que «una cláusula abusiva que se declara nula no puede beneficiar a las entidades.

La nulidad tiene un efecto disuasorio e implica reponer al consumidor en la situación en que se encontraría si la cláusula no existe, restituyendo la totalidad de lo pagado en cumplimiento de la misma».