El Gobierno ha enviado a Bruselas su agenda legislativa para dar cumplimiento a las recomendaciones del próximo semestre europeo, en la que evita concretar el alcance de sus contrarreforma laboral y de pensiones. Entre los puntos que figuran en los documentos remitidos a la Comisión Europea no figura, entre otros, elevar a 35 años el cálculo de la pensión, tal como ha reconocido este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y adelantó el titular de Seguridad Social, José Luís Escrivá, en una entrevista esta semana en EL PERIÓDICO.
El Gobierno remitió el pasado lunes dos documentos a la Comisión Europea con las principales prioridades de su agenda legislativa para este ejercicio en materia sociolaboral. Los textos son fruto de la deliberación entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo de coalición y reflejan los consensos del programa. No obstante, el nivel de concreción del redactado es más ambiguo y aborda, de manera pretendidamente superficial, el contenido a desarrollar. Esta fórmula es la que se ha impuesto en las reuniones en Moncloa, con la voluntad de no quedar atados de manos ante compromisos concretos y dejar margen para el diálogo social.
El Gobierno ha citado a patronal y sindicatos en la tarde de este martes para remitirles los textos remitidos a Bruselas. Fuentes conocedoras de los documentos explican que el nivel de concreción es inferior al del programa de coalición para permitir que la concreción de todas las medidas pase por el diálogo social. El planteamiento evita generar fricciones en el seno del Gobierno ante temas como las pensiones (donde hay planteamientos contrapuestos en determinados puntos) y, a su vez, responde a la petición de los sindicatos de no ser "tan taxativos como para dejar sin oxigeno las mesas de diálogo social", según planteó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la semana pasada. "No vamos a admitir a un tercero en la negociación", ha insistido este mismo martes el líder de UGT, Pepe Álvarez.
Sin "reforma laboral"
Los documentos del Plan de Reformas e Inversiones remitidos a la Comisión Europea evitan términos como "derogación de la reforma laboral", que, no obstante, sí aparecen en el programa de colación. El Ejecutivo pretende evitar polémicas sobre el contenido concreto detrás del concepto, como ya ocurrió en anteriores episodios (como el vivido con EH Bildu en el Congreso el año pasado).
Y hace referencia a elementos más cercanos a los mencionados en su último Plan Anual Normativo, como el recuperar los equilibrios en la negociación colectiva. Lo que haría referencia a la reforma de la ultraactividad o la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, dos elementos que estaban en las mesas de diálogo social antes de irrumpir la pandemia y que los sindicatos aprietan por recuperar.
La reforma de las pensiones, en dos fases
Otro campo en el que el Gobierno plantea reformas y así se lo ha hecho saber a Bruselas es en lo relativo a pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, pretende articular su programa en dos bloques. El primer pretende tenerlo pactado con los agentes sociales y ya en trámite parlamentario antes de finalizar el primer trimestre del año. Este incluye la nueva fórmula para revisar el poder adquisitivo de las pensiones, cambios en el sistema de incentivos para la jubilación anticipada o para la jubilación demorada.
Y lo que el Gobierno no tiene actualmente en su agenda es elevar el cálculo del importe de la pensión de los actuales 25 años a 35 años. Así lo dejó claro el ministro Escrivá en su reciente entrevista en EL PERIÓDICO, en la que negó haber planteado dicho cambio legislativo en foro alguno. Ni en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, como apuntaron en su día otras fuentes del Gobierno, ni en los documentos remitidos esta semana a Bruselas.
